Miembros de la Policía Nacional obstaculizaron durante varias horas la participación de comunidades en una marcha pacífica contra la construcción del Gran Canal Interoceánico, denuncia Amnistía Internacional. A la vez esa organización hizo circular una petición a través de la cual solicita a sus activistas que impidan que el gobierno de Nicaragua desaloje forzosamente a familias de sus hogares.
En su nota, Amnistía Internacional hace referencia a la marcha 91 convocada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, en contra del proyecto del Canal que va a afectar a miles de personas y a la que la Policía impidió temporalmente que los participantes llegaran en autobuses al punto de partida de la marcha, realizada en La Fonseca, Nueva Guinea.
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“Una vez más la Policía de Nicaragua violó el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente. Este tipo de acciones no son más que actos de intimidación diseñados para bloquear cualquier forma de expresión en contra de las políticas del gobierno de Daniel Ortega”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En la petición que circula por internet, Amnistía Internacional destaca que miles de personas en Nicaragua podrían ser desalojadas de sus hogares en cualquier momento para dejar espacio a un enorme canal que dividirá el país en dos, por lo que advierte “si actuamos ahora, todos juntos podemos apoyar a estos grupos en su lucha por conservar sus hogares. Firma la petición y pide al Estado que derogue la Ley 840 para cumplir las normas de derechos humanos e impedir los desalojos forzosos”.