El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht toca al gobierno mexicano en altos niveles al involucrar a Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, lo que podría acarrear consecuencias políticas y económicas.
Lozoya compareció este jueves ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), ya que habría recibido de Odebrecht, sobornos por 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones, según el diario brasileño O Globo que cita un testimonio de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la firma en México.
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Este escándalo amenaza con acentuar la percepción de que el gobierno mexicano está infestado de corrupción en la antesala de la elección presidencial de 2018, en la que el veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso está orientado en el lema “honestidad vs corrupción”, aventaja en las encuestas anticipadas. “La acusación contra Lozoya refuerza el descontento contra la administración, que está impulsado por la percepción de que la corrupción es rampante”, dijo en un reporte la firma de investigación Eurasia Group.
Primer contacto con Peña Nieto
Según el testimonio de Weyll, en marzo de 2012, en plena campaña electoral de Peña Nieto, tuvo su primer contacto con Lozoya, quien era titular de vinculación internacional del entonces candidato. Lozoya rechazó las imputaciones en Twitter al tacharlas de “una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente” y sostuvo que no conoce al ejecutivo de Odebrecht.
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Pero en su testimonio Weyll detalla incluso un café de Ciudad de México en el que se encontró con Lozoya, quien habría recibido un primer pago de cuatro millones de dólares. “Constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI (Partido Revolucionario Institucional, hoy en el poder)… cuyo candidato era favorito”, Weyll dijo a procuradores, según documentos de la investigación brasileña vistos por O Globo.
“Lozoya era uno de los líderes del comité de la campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública”, dijo. Ahora, la oposición reclama a la procuradora que investigue si los sobornos de Odebrecht terminaron en la campaña presidencial de Peña Nieto.
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De antemano, la presidencia mexicana tacha eso de “absurdo, irresponsable” y sostiene que los gastos de campaña fueron auditados en su momento sin que se encontrara irregularidad alguna.
Amenaza a las inversiones
Más allá de las consecuencias políticas, se corre el riesgo de que entre los inversionistas extranjeros se extienda la idea de que para tener negocios en México, se requiere tener una cercanía con los altos funcionarios. “Este caso, lo que le dice al mundo es ‘si yo soy una empresa y quiero invertir en México, la única manera de hacerlo y ser eficaz es si tengo el teléfono de un alto funcionario”, dijo Max Kayser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, privado).
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El experto dijo que esta percepción hasta puede pesar en las negociaciones actuales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.
México se ha visto sacudido por escándalos de corrupción entre los que se incluyen presuntos desvíos de fondos de varios exgobernadores estatales, entre ellos Javier Duarte, de Veracruz (este), ex-miembro del PRI y actualmente preso. Uno de los casos más sonados fue un presunto conflicto de interés entre la esposa del presidente Peña Nieto y un importante contratista del gobierno por la compra de una lujosa vivienda.
La investigación oficial determinó que no existió ese conflicto, aunque el propio Peña Nieto pidió perdón públicamente a la población. El escándalo global de corrupción de Odebrecht ha sacudido los círculos del poder y la política de Latinoamérica, llevando incluso a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.
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Pero los mexicanos tienen la percepción de que aquí no hay ni habrá castigos a los responsables. “La percepción es por experiencia, un caso tras otro en donde lo único que la autoridad dice es ‘ya abrimos una investigación’ y después de ahí parece que nunca acaba en nada”, concluye Kayser.