La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió este viernes por unanimidad atribuirse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una contundente mayoría opositora.
La decisión se tomó luego de que la directiva del Parlamento venezolano no acudió a la reunión a la que había sido convocada por la ANC, un órgano que los opositores tildan de ilegítimo y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.
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Mediante decreto el cuerpo plenipotenciario aprobó “asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.
“Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución”, agrega el acuerdo que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.
Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges.
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El legislador firmó una carta abierta difundida hoy, en nombre de los diputados, en donde denuncia que la ANC “no es una auténtica Asamblea Constituyente”, sino “un poder de facto” que “pretende perpetuar” a Maduro en el poder, que fue “avalada por 2 millones de personas” nada más y no por los 8 millones que según el Poder Electoral eligieron a sus miembros el 30 de julio.
En el comunicado el Parlamento repasa las razones por las que repudia esta Asamblea instaurada por el oficialismo el 4 de agosto sin un referéndum previo de aprobación, que ya cesó a la exfiscal general Luisa Ortega, crítica con Maduro, y amenaza con llevar a la cárcel a líderes opositores.
El Parlamento es el único de los cinco poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, después de que lo hicieran el propio presidente Nicolás Maduro y los titulares de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, todos señalados por la oposición de servir al Gobierno.
Almagro: “Profundiza el “golpe de Estado”
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Venezuela profundiza el “golpe de Estado” con la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), oficialista, de atribuirse las facultades de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora.
“La disolución fraudulenta de la Asamblea de Venezuela (AN) por la ANC es profundización del golpe de Estado en Venezuela”, tuiteó el diplomático uruguayo.
“La Asamblea (AN) fue elegida por el pueblo soberano por sufragio directo. Su disolución es ilegitima e inconstitucional”, agregó en otro mensaje.
Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, aprovechó para insistir en su llamado a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para celebrar un Consejo Permanente extraordinario sobre la crisis venezolana en su sede de Washington.
.@AsambleaVE fue elegida por el pueblo soberano por sufragio directo. Su disolución es ilegitima e inconstitucional pic.twitter.com/HyUQ0nj5Gv
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 18 de agosto de 2017
“Hoy es más imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario de @OEA_oficial por crisis en #Venezuela”, escribió.
Este es ya el tercer llamado de Almagro en los últimos meses a que los países americanos se reúnan en la OEA para abordar la crisis venezolana.
Los embajadores que quieren que la OEA medie en Venezuela desoyeron los dos anteriores, en julio y a principios de agosto, tras constatar en la Asamblea General de Cancún de junio que no tienen una mayoría suficiente para aprobar ninguna medida al respecto en el organismo.
La constatación definitiva de ese bloqueo la tuvieron en la reunión de cancilleres previa a la Asamblea de Cancún, cuando varias naciones caribeñas retiraron su apoyo en el último momento salvando al Gobierno de Maduro de una condena regional.
Pero Almagro no está dispuesto a que la OEA deje de ser el foro principal de la crisis venezolana en la región, por lo que insiste en pedir una reunión urgente del Consejo Permanente para aplicar la Carta Democrática, cuya última consecuencia es la suspensión.
Excluir a Venezuela del organismo -algo que Almagro ya pidió en marzo si no había elecciones generales- sigue siendo una medida que ese grupo de países ve como un último recurso al que no se puede llegar sin haber agotado la vía diplomática.
Además, ponen en duda la utilidad de esa sanción -con la que Venezuela dejaría de participar en sus actividades y programas- para solucionar la crisis
