Uno de los principios básicos de la economía de mercado —la cual, aunque con graves deformaciones, es la que existe en Nicaragua—, consiste en aprovechar al máximo los factores productivos para elevar la competitividad.
De acuerdo con la definición del Foro Económico Mundial, “la competitividad está determinada por la capacidad de una nación para crear y mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus empresas y más prosperidad para su pueblo”.
Ese entorno es la suma de condiciones que determinan los costos de producción y de operación, los cuales permiten que una economía sea productiva con un satisfactorio nivel de rentabilidad y distribución equitativa del ingreso. Y en el ámbito político y jurídico, se sobreentiende que ese entorno se refiere a la institucionalidad democrática que garantiza la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.
Según la propaganda oficialista en Nicaragua hay una magnífica situación económica sostenida en una óptima relación del empresariado con el Gobierno. Pero la verdad es que por mucho que se quiera encubrir la realidad con palabras, las condiciones del “entorno para sustentar la generación de mayor valor” dejan mucho que desear.
Como lo ha informado LA PRENSA en reiteradas ocasiones —y lo volvió a ilustrar, con cifras y testimonios irrefutables, en los reportajes sobre la situación energética del país publicados la semana pasada en cinco entregas—, los empresarios de prácticamente todos los sectores económicos y todos los tamaños son obligados a pagar las tarifas de energía más altas de la región centroamericana. Lo cual impacta muy negativamente en los costos de producción y operación y resta capacidad competitiva regional a los empresarios nicaragüenses.
Pero si en Nicaragua se paga más por la energía eléctrica no es porque los costos de generación son aquí más altos que en los demás países centroamericanos. Es por las distorsiones del modelo energético, que en sus cinco eslabones de generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización está controlado monopólicamente por un grupo de empresas y personas particulares pertenecientes o estrechamente vinculadas al poder del Gobierno y el Estado.
Tratando de explicar o justificar las onerosas tarifas del servicio eléctrico, tanto para el consumo empresarial como para el domiciliar que no goza del subsidio por necesidad social, algunas voces aseguran que esto se debe a que estamos pagando las cuantiosas inversiones que se hicieron para resolver el problema energético nacional.
Pero en todos los demás países centroamericanos también se han hecho grandes inversiones en la industria energética y sin embargo las tarifas no son tan altas como las de Nicaragua. La verdad es que el problema de las onerosas tarifas eléctricas se debe a la corrupción del sistema, como lo explicó claramente el ingeniero Fernando Bárcenas en la última entrega de los trabajos de LA PRENSA sobre el problema energético, el sábado pasado.
Mientras no cambie el sistema político no se puede tener una industria eléctrica sana, asegura el experto. Cierto. Y los diversos sectores económicos del país no podrán tener la competitividad que necesitan y demandan los empresarios de todos los tamaños y todos los ámbitos de actividad.