Es difícil creer que un gobierno quiera suprimir el requisito esencial de los estudios de impacto ambiental, para la autorización de proyectos de inversión y desarrollo, sobre todo de aquellos que son potencialmente dañinos para el medioambiente. Sin embargo, activistas y juristas medioambientalistas, incluyendo al eminente científico Jaime Incer Barquero, han alertado que lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua.
En La Gaceta, Diario Oficial, del lunes 28 de agosto de 2017, se publicó un decreto presidencial titulado Actualización del Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, mediante el cual se faculta al ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marena) a “actualizar, unificar y fomentar la eficiencia y la eficacia de las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental, de permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua”. El decreto autoriza al Ministro a “delegar (esa facultad) a las instancias administrativas centrales o territoriales del Marena”, pero también indica que se crearán “comisiones interinstitucionales para la Evaluación Ambiental”.
O sea que aparentemente se mantiene el requisito de los estudios de impacto ambiental, pero más bien como un trámite formal, ya que este decreto deja un amplio espacio de discrecionalidad administrativa.
Según el doctor Incer Barquero, “con este decreto se pasa por alto las restricciones ambientales para permitir la extracción de recursos minerales, forestales, biodiversos y favorecer aquellos que andan haciendo negocio con los recursos naturales”.
El doctor Incer Barquero es asesor presidencial para los temas medioambientales, pero es obvio que Daniel Ortega no le consulta en privado ni toma en cuenta sus opiniones públicas. De manera que en sus declaraciones a LA PRENSA el científico ambientalista se lamenta de que “en Nicaragua en lugar de proteger los recursos suspendamos los estudios de impacto ambiental”. Y asegura que ese decreto “se vuela de un plumazo convenios y leyes que protegen áreas de conservación” y permite “a personas y empresas operar de forma legal lo que por tanto tiempo ha sido ilegal”. Es decir, la explotación de las áreas protegidas, las reservas naturales (y) de biosfera.
Pero la verdad es que aunque esa explotación ha sido ilegal, se ha venido permitiendo prácticamente desde que Ortega recuperó el poder en enero de 2007. Inclusive el Gobierno vendió el Lago Cocibolca y una buena parte del territorio de Nicaragua a la empresa HKND Group del empresario chino Wang Jing, mediante la Ley 840, para la supuesta construcción del canal interoceánico.
Ortega se ha distinguido en los últimos tiempos por su desprecio a las regulaciones legales y los compromisos políticos para la protección del medioambiente. Inclusive, solo su gobierno y el de Siria no suscribieron el Acuerdo de París sobre el cambio climático, adoptado por las Naciones Unidas en diciembre de 2015.
De manera que no es raro que en Nicaragua se eliminen por decreto, o se omitan de hecho, los estudios de impacto ambiental que son una norma en todas partes del mundo.