El decreto presidencial que derogó un amplio y riguroso reglamento de evaluación ambiental se construyó en consenso entre el Gobierno y las cámaras empresariales del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Este miércoles el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, explicó que el decreto 15-2017, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, número 163 del lunes 28 de agosto de este año, efectivamente deroga el anterior sistema de evaluación ambiental, pero que eso no significa que se eliminen las evaluaciones de impacto ambiental como requisito previo para el desarrollo de proyectos.
Contrario a Aguerri opina el ambientalista Jaime Incer Barquero y otros expertos en medioambiente consultados por LA PRENSA.
Según Aguerri, durante los últimos seis meses todas las empresas del sector privado vinculadas al medioambiente (servicio, construcción, ingenios, zonas francas, minas y todas las demás) participaron en diversas mesas de trabajo en las que se actualizaron, unificaron y facilitaron los procesos administrativos que están vinculados al ambiente.
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Como contraparte gubernamental en dichas negociaciones participaron el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor), detalló Aguerri.
“Desde ese propósito lo que nos hemos también propuesto es tomar en cuenta cuáles son los cambios que se están dando debido al cambio climático, esto ha sido un tema que ha estado en todas las discusiones y lo hemos hecho en pro del medioambiente y con el aseguramiento del cumplimiento de las leyes”, sostuvo Aguerri en conferencia de prensa.
¿Nuevo decreto?
El dirigente empresarial insistió en que la derogación del decreto 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, número 248 del 22 de diciembre del 2006 lo único que busca es “actualizar, unificar y facilitar los procesos y no eliminar la realización de estudios de impacto ambiental como requisito para el desarrollo de proyectos”.
“Se deroga este decreto y se va a dar a conocer un nuevo decreto que ya recoge toda esta posición que acabo de mencionar. Esperamos pues que esto ya sea publicado en los próximos días, debería estar para inicios de la semana que viene”, sostuvo Aguerri.
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Según Aguerri el nuevo procedimiento incluye “en un solo documento ya integrado” todos los cambios que desde el 2006 hasta la fecha han provocado los efectos del cambio climático.
“En este sentido como sector privado, buscamos una normativa que facilite (los procesos) y proteja el medioambiente y que de alguna manera agilice todos nuestros procesos, pero siempre con el cuido al medioambiente”, explicó el dirigente empresarial.
Ambientalistas insisten en retroceso
La visión de los ambientalistas es completamente opuesta a la del Cosep.
Rosario del Socorro Sáenz, abogada ambientalista y vicepresidenta de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), el decreto publicado por el poder ejecutivo considera que el papel de Ortega y su gobierno en alianza con los empresarios ante el tema ambiental han sido de “total retroceso”.
“Con la entrada del Gobierno lo que hemos experimentado es un retroceso completo en la implementación de los estudios de impacto ambiental, si bien el decreto anterior no fue lo suficientemente aplicado durante estos diez años, de alguna manera llenaba algunos vacíos ambientales y al menos se podía recurrir a su implementación”.
“Con este nuevo decreto, tal y como está publicado, el Gobierno lo que hizo fue derogar todo el procedimiento, las categorías bajo las cuales se describían y se diferenciaban los proyectos, había proyectos de categorías 1, 2 y 3 y proyectos de categorías especiales, pero cada categoría estaba perfectamente descrita en sus impactos ambientales bajos, medianos y grandes, pero además había una intencionalidad jurídica para que las cosas fueran mejor; sin embargo, este decreto lo que hizo fue configurar una vez más la voluntad política de este gobierno de no atender el reclamo de todos los daños ambientales que se han ocasionado por omitir los procesos de evaluación y estudios ambientales”, observó Sáenz.
“Creemos que hay cosas escondidas, hay algo ahí que no está claro pero que apunta a facilitar todas las condiciones administrativas del Gobierno para las operaciones mineras, que salen convenientemente en este decreto justo después de que se crea la empresa nicaragüense de minas y el Gobierno anuncia al tesorero de su partido para ese cargo”, señala Sáenz.
“Para mí está vinculado a la creación de las empresas de minas del Gobierno, que busca preservar intereses privados. Con derogar de un plumazo todo el decreto ambiental ya no queda claro qué proyectos son los que requieren de estudios de impacto ambiental y hacen una lista taxativa de operaciones comerciales con los recursos del Estado que el Marena debe aprobar a criterio y es todo un saqueo de los recursos lo que ahí ponen en el artículo 2, por ejemplo, permisos para comercialización internacional de especies de flora y fauna silvestre, planes de saneamiento en áreas protegidas, es una puesta en escena de saqueo nacional”, insiste la abogada ambientalista.
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“Al eliminar el decreto anterior eliminan procesos y procedimientos para los estudios de impacto ambiental. ¿Ahora a qué herramienta jurídica van a acudir las comunidades para exigir a una empresa que haga planes de impacto ambiental si el decreto que lo obligaba fue derogado? En el nuevo decreto de dos páginas y ocho artículos no se explica nada de ello”, dice Sáenz.
Diputados cuestionan
Para los diputados del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, y Carlos Jirón, del Partido Liberal Constitucionalista, la eliminación de la obligación a los inversionistas de presentar estudios de impacto ambiental para desarrollar una obra provocará un aumento de la explotación de los recursos naturales y supone una seria amenaza para las reservas naturales. Rivera y Jirón señalaron que debe revisarse si la medida de Ortega es violatoria de las leyes ambientales y de la misma Constitución Política de Nicaragua. La presidenta de la Comisión Ambiental, la diputada designada del orteguismo, Arling Alonso, se negó a opinar.
Más voces críticas ante decreto
Para la abogada ambientalista Mónica López, la derogación del decreto 76-2006 suprime los mecanismos para la implementación efectiva de los estudios y destruye los procesos para la toma de decisión política en la ejecución de proyectos destructivos para la naturaleza y las comunidades afectadas. “El decreto 76-2006, que era de 25 páginas, fue completamente derogado. Ese decreto era la regulación técnica y procedimental de todo el mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental en Nicaragua (que incluye los Estudios EIAS), establecidos de forma genérica en la Ley General del Medio Ambiente y su Reglamento. Fue sustituido por 2 pinches páginas de ‘regulación’ que prácticamente remiten al libre albedrío del Marena”, dijo López. Igual opinó Ruth Herrera, presidenta de la Plataforma Nacional en Defensa al Agua y la Vida: “Venir en este momento a derogar la única Ley que obliga a la realización de los estudios de impacto ambiental es una irresponsabilidad, eso no quiere decir que la Ley se estuviese cumpliendo, se han hecho barbaridades estando vigente el decreto, es decir, que si teniendo esa Ley e instituciones tan frágiles estábamos expuestos, ¿te imaginás ahora que derogan la Ley?”, se preguntó Herrera.
(Colaboración de Lucía Navas y José Adán Silva).