Guatemala se ha precipitado en una nueva crisis de gobernabilidad en cuyo epicentro está el problema de la corrupción. En realidad, se trata más bien de una nueva fase de la misma crisis que viene sufriendo ese país desde hace tiempo, por el problema de la corrupción, que no es exclusivamente guatemalteco sino de toda Centroamérica.
La nueva fase de la crisis guatemalteca estalló el 27 de agosto, cuando el presidente Jimmy Morales declaró non grato al comisionado o fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez, y ordenó su expulsión del país.
El presidente Morales tomó esa drástica decisión contra el comisionado Velásquez, porque este había solicitado el viernes anterior que se le retire la inmunidad al primer mandatario, para que pueda ser investigado por supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en enero de 2016.
Pero el comisionado internacional Velásquez solo cumple las funciones de la Cicig, creada mediante un convenio internacional pactado el 12 de diciembre de 2006 entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. Por eso el anterior presidente, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron enjuiciados por corrupción y están en la cárcel. Pero al parecer el presidente Morales se considera intocable y ahora rechaza con furia la misma actuación de la Cicig contra su antecesor que antes aplaudió.
Afortunadamente en Guatemala las instituciones funcionan, no están sometidas a ningún mandamás del Estado, como en Nicaragua. De manera que la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente al comisionado Velásquez y un par de días después impugnó la orden del presidente por considerar que “actúa con ilegalidad”, porque “no cumplió con los preceptos constitucionales, específicamente el artículo 182 de la Constitución”.
Este artículo de la Constitución de Guatemala establece que “el presidente de la República actuará siempre con los ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos”. Sin embargo el presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión del comisionado de la Cicig por sí y ante sí, obviando el procedimiento constitucional.
El comisionado de la Cicig es un funcionario internacional con las inmunidades, privilegios y obligaciones otorgadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En su calidad de agente diplomático él puede ser declarado non grato y expulsado de Guatemala. Esto lo reconoce la Corte de Constitucionalidad que ha revocado la orden del presidente Morales para echar del país al comisionado de la Cicig, porque no actuó de conformidad con lo que de manera expresa manda la Constitución.
La continuidad de la crisis política de Guatemala preocupa a empresarios y personalidades políticas de ese país. Pero se trata de un mal necesario, y además temporal, para combatir y desarraigar la corrupción que en todo caso es un mal mayor y peor que las conmociones institucionales.
Como dijimos en otra ocasión, ojalá que en Nicaragua existiera un organismo como la Cicig. Pero eso solo sería posible si hubieran aquí instituciones de investigación y justicia independientes, integradas por personas íntegras que no se sometan a ningún otro poder ni oscuro interés político, económico o de cualquier otra clase.
