Mientras un grupo de organizaciones de mujeres como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) introducía este lunes un recurso por inconstitucionalidad contra las reformas al combo de leyes, entre las que está la 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, anunció una campaña para frenar la violencia de género.
Azahalea Solís, dirigente del MAM, criticó que con las reformas a la ley que promovió el Gobierno se limita el delito de femicidio al ámbito privado, “cuando estamos conociendo de muchísimos casos, donde está más allá del ámbito privado y se olvida que el problema del femicidio es un asunto de desigualdad de poder entre hombres y mujeres en el que hay el sometimiento”.
“Frente a la pandemia que tenemos, la alerta roja que hay ahorita, es insólita esa reforma penal que en realidad rebaja la protección, garantías y derechos de las mujeres”, sostuvo Solís.
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La defensora de mujeres señaló la saña con que han sido cometidos los crímenes contra mujeres en los últimos días, como el caso de Karla Estrada Rostrán, ocurren cuando prevalece la impunidad.
Justamente el caso de Estrada Rostrán, llevó a Murillo a anunciar este lunes que trabajan desde el Ministerio de la Familia a desarrollar una campaña permanente contra la violencia. Según Murillo, la campaña la presentarán ante las iglesias católica y evangélica del país.
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“Tenemos que trabajar más y más para que se asiente esa realidad cultural entre nosotros, queremos hogares y familias libres de violencia”, aseguró Murilllo.
Sin embargo, Solís indicó que los agresores observan que “hay una frivolización de los delitos”, pues ante la impunidad porque no hay una justicia que se aplique correctamente, los agresores lo ven como una especie “de permiso para hacer lo que quieren, porque saben que después lo pueden resolver con el enorme tráfico de influencia y declarándose cristianos socialistas y solidarios”.
Justicia centralizada
En el recurso presentado este lunes ante la Corte Suprema de Justicia las organizaciones de mujeres también cuestionan que en las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal limiten en la mayoría de delitos al juez técnico.
La dirigente del MAM Azahalea Solís reconoció que el juez técnico “no es un asunto malo”, sin embargo, el problema consiste en que “en Nicaragua hay una justicia partidarizada, una justicia centralizada donde hay una orden incluso fuera del poder judicial la que decide quien es el culpable y quien es el inocente”, criticó la defensora de mujeres.
Menciona también Solís la sustracción de las causas sin ningún procedimiento ante eso.