El Gobierno presentó una reforma parcial a la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735) dirigida a permitir que los bancos y microfinancieras hagan efectiva la garantía de un crédito cuando una propiedad que respalde el financiamiento a personas o empresas resulte vinculada con delitos como el narcotráfico.
Actualmente el reglamento de la Ley 735 establece que los bienes inmuebles incautados o intervenidos a personas o grupos relacionados por ejemplo con delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero son decomisados a favor del Estado de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) “para programas sociales que determine”.
Eso se modificará en parte con la propuesta de reforma a la Ley 735 enviada por el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, el 6 de septiembre pasado a la Asamblea Nacional. La junta directiva remitirá esta semana a la Comisión de Justicia esa propuesta para que inicie su consulta.
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Los cambios
Las reformas propuestas serán para los artículos 35 relacionado con las medidas precautelares en la investigación, y al 61 sobre los derechos de terceros de buena fe.
En el artículo 35 se modificaría el final del inciso “g” para establecer que en los casos de la intervención de la propiedad de una persona o cualquier tipo de empresa que participe directa o indirectamente en la comisión de delitos referidos en la Ley 735, “el o los interventores, garantizarán que la misma ejecute sus actividades de manera que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones crediticias”.
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Si bien se mantendrá que cuando las intervenidas sean entidades financieras o bancarias será la Superintendencia de Bancos y de las Otras Instituciones Financieras (Siboif) quien las realice, pero la medida se ejecutará “de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 561, Ley General de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros”, algo que no contempla la actual legislatura.
Al artículo 61 de la Ley 735 se agregará que “en los casos de retención, incautación, secuestro u ocupación de bienes, objetos, productos o instrumentos recaiga sobre bienes o derechos que hayan sido otorgados en garantía para respaldar obligaciones de créditos o que estén vinculados contractualmente a cualquier tipo de operaciones financieras o bancarias, o sean los mismos propiedad” de bancos o de microfinancieras “supervisadas y reguladas” por la Siboif y la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) “en su caso la afectación de los bienes o derechos se hará a favor de las mismas una vez acrediten tal condición”.
Cosep acordó la reforma
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), explicó a LA PRENSA que la reforma a la Ley 735 el sector privado la acordó con el Gobierno, argumentando que se debe reducir el riesgo de que el Sistema Financiero sea perjudicado en su cartera crediticia o reduzca el financiamiento, por ejemplo a urbanizaciones. “Aquí lo que estamos buscando es que los bancos entren como terceros de buena fe para que se respeten las hipotecas”, dijo Aguerri.
Agregó que “si un banco le presta a un proyecto de vivienda pero resulta que el dueño de ese proyecto sale ‘pegado’ en una situación de droga, (pero) tanto el banco como las personas que han adquirido las casas (al urbanizador) no son conocedores de esto”, no deben salir afectados. “Lo que ha sucedido hasta hoy es que el banco y la persona que adquirió la casa quedan sin la propiedad porque le queda al Estado, y eso no puede seguir pasando”, dijo.
