Mientras representantes locales del Gobierno en el Caribe Norte hacen promesas de proceder al saneamiento de los territorios indígenas, ignoraron una reunión privada programada durante el 164 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en México, a inicios del presente mes.
Esto lleva a la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, aseverar que no existe voluntad por parte del Gobierno de resolver el conflicto en los territorios indígenas en esa región, y que ese nuevo comportamiento obedece a la proximidad de las elecciones municipales.
La defensora de los indígenas señaló que a la reunión privada que les representó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), estaba destinada a buscar una solución al conflicto.
Y es la segunda vez que el Gobierno no acude a una reunión privada, programada por la CIDH.
“Quedamos que Cejil iba a ir pero nosotros, mandamos toda la petición, actualizamos toda la información, visitamos las comunidades para actualizar y ver la petición de las comunidades que estaban pendientes”, afirmó Cunningham, quien criticó que “ahora que están en una campaña electoral, están hablando las autoridades del Gobierno, están visitando las comunidades para hablar del saneamiento”.
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“Por supuesto que es una campaña electoral, porque hicieron reuniones en varias comunidades y en esas reuniones las autoridades regionales y de las instituciones del Estado dijeron que se iba a buscar solución al saneamiento y hablaron de carrileo y amojonamiento”, añadió
La falta de saneamiento de los territorios indígenas ha sido la causa principal de los conflictos registrados desde hace casi tres años en las comunidades del Caribe Norte.
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El último caso en la comunidad de Tungla, territorio indígena Prinzu Awala, municipio de Prinzapolka, donde fue asesinada la wihta suplente Celedonia Zalazar Point y su marido Tito Gonzales, según Cejudhc an por defender su territorio.
Deben crear comisión para ver asuntos de territorios indígenas
La medida provisional fue otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para varias comunidades indígenas, en su mayoría ubicadas a orillas del Río Coco. Establece que Nicaragua tiene que crear una comisión para implementar la protección a la vida, la integridad, la territorialidad e identidad cultural de las comunidades indígenas. Y esa comisión debe estar integrada por las instituciones del Estado, los representantes legales que son Cejil y Cejudhcan y representantes de las comunidades.
Utilizan a dirigentes
La presidenta de Cejudhcan, Cunningham, cuestionó la forma en que el Gobierno utiliza a los presidentes territoriales, aunque aclaró que el problema radica en que en su mayoría no han sido elegidos por las comunidades indígenas.
Los representantes indígenas tanto de las Regiones Autónomas del Caribe como del Centro Norte del país han denunciado que el Gobierno ha impuesto los llamados gobiernos paralelos. Esto, dice Cunningham, es para no dar la legitimidad al proceso de saneamiento. Por tanto estos gobiernos territoriales “no tienen ninguna articulación con las comunidades”, al no haber sido elegidos con su consentimiento.