Estados Unidos (EE.UU.) ubicó este año a Nicaragua en una lista de 68 gobiernos, de un total de 141 evaluados en el mundo, que incumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal y señaló que el gasto extrapresupuestario de la asistencia de Venezuela no está sujeto “a auditoría o supervisión legislativa” en el país centroamericano.
Las revelaciones sobre Nicaragua forman parte del informe de Transparencia Fiscal de 2017, del Departamento de Estado de EE.UU., que pone en agenda el manejo opaco de la cooperación venezolana –cuestionado en documentos anteriores– y que es administrada en el país directamente por la familia presidencial.
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El monto de la cooperación sumó más de 3,670 millones de dólares entre 2007 y 2016, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de Nicaragua, y el manejo de estos fondos permitió la creación de un emporio en el sector hidrocarburos, que alcanza también la generación de energía, así como la operación de la segunda red de gasolineras más grandes del país, en manos de la familia del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.
El Gobierno de Estados Unidos destacó también que Nicaragua tampoco tuvo mejorías entre enero y diciembre de 2016 –el período de evaluación–, lo que sí ocurrió, por otro lado, con otros 11 países ubicados en el grupo de naciones que incumplen los requisitos mínimos.
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“La transparencia fiscal es un elemento crítico de una gestión financiera pública eficaz, ayuda a crear confianza en el mercado y sustenta la sostenibilidad económica. La transparencia fiscal promueve una mayor rendición de cuentas del gobierno proporcionando una ventana en los presupuestos gubernamentales para los ciudadanos, ayudándoles a responsabilizar a su liderazgo y facilitando un debate público mejor informado”, explica el informe estadounidense.
Lista de países
Entre los países que no cumplieron el requisito mínimo, y tampoco mostraron mejoría como ocurrió con Nicaragua, se encuentran Azerbaijan, Bangladés, Belice, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Libia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Palestina, Ruanda, Arabia Saudí, Tanzania, Zimbabwe, entre otros.
“La información sobre obligaciones de deuda estaba disponible públicamente, pero era incompleta. Los documentos presupuestarios disponibles públicamente no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados del Gobierno (de Nicaragua) y los flujos de ingresos. El Gobierno no ha contabilizado públicamente el gasto de asistencia extrapresupuestaria significativa de Venezuela y esta asistencia no ha estado sujeta a auditoría o supervisión legislativa”, sostiene el documento oficial.
Los señalamientos a la falta de transparencia en la administración de los recursos venezolanos ocurren una semana después de que la embajada de EE.UU. en Managua advirtiera a sus ciudadanos que tuviesen cuidado con las transacciones comerciales con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), debido a las sanciones a ese país suramericano.
Ortega guarda silencio
Pese a la importancia de todos estos temas, Ortega no se pronunció este jueves, durante la celebración de las fiestas patrias sobre el nuevo informe estadounidense de transparencia fiscal, en el que el país resulta aplazado.
Tampoco lo hizo sobre la reciente mención en el Senado de posibles operaciones de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) en una supuesta operación de lavado de dinero en Centroamérica a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que fue expuesto por el investigador Douglas Farah.
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Albanisa es una empresa binacional, cuyo socio mayoritario es PDVSA con el 51 por ciento de las acciones, pero el 49 por ciento de las acciones son de la estatal de petróleo de Nicaragua (Petronic), que administra Francisco López Centeno, tesorero del FSLN.
“Las asignaciones y las ganancias de las empresas estatales se incluyeron en el presupuesto sobre una base neta, pero la mayoría de las empresas estatales, incluyendo Albanisa, no han sido objeto de auditoría. La información contenida en el presupuesto se consideró generalmente confiable, pero la institución suprema de auditoría no auditó los estados financieros completos del Gobierno”, cuestionó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
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El Gobierno estadounidense sostuvo que no está claro tampoco si el proceso utilizado en la práctica para otorgar concesiones o licencias, para la extracción de recursos naturales, es consistente con lo establecido en la ley y, acto seguido, hicieron recomendaciones que ayudarían a Nicaragua a mejorar.
Recomendaciones para mejorar
“La transparencia fiscal de Nicaragua sería mejorada: incluyendo todos los ingresos no presupuestarios, gastos y obligaciones de deuda en el presupuesto; auditoría de las empresas estatales y puesta a disposición pública de los resultados; y llevar a cabo una auditoría completa de los estados financieros anuales del Gobierno y hacer públicos los informes de auditoría en un plazo razonable”, expone el informe.
Respeto al Estado de Derecho
La falta de transparencia en Albanisa es una preocupación, que ha expresado en el pasado el Gobierno de Estados Unidos, así como también lo ha hecho con el respeto al Estado de Derecho.
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“Nicaragua tiene seguridad física, fuerza laboral joven, algunos beneficios en impuestos, zona libre, un Tratado de Libre Comercio (con EE.UU.). Pero también ellos leen sobre algunas percepciones de corrupción, de falta de transparencia, no solo (en informes) del Gobierno de Estados Unidos, también de otras organizaciones. Ellos hablan con empresarios que ya están aquí para saber cuál es el sistema para resolver cualquier conflicto. ¿Es a través del sistema jurídico o es a través de algunas llamadas de celular?” , dijo William Muntean, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos el 17 de julio pasado.