Dina Medina Salazar, de 60 años, se convirtió el pasado fin de semana en la última víctima de femicidio que se registra en Nicaragua en lo que va del año.
Es el caso número cuarenta y crimen 43 contra mujeres (cuarenta femicidios y tres asesinatos), ocurridos en 2017, según el Observatorio de la Violencia, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Para la activista de derechos humanos, Magaly Quintana, esto es el resultado de la no aplicación de “medidas certeras para poder transformar esto”. El crimen que según la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, fue tipificado como femicidio, ocurrió a primeras horas del domingo en San Carlos, Río San Juan.
Medina murió a consecuencia de golpe con objetos contundente, aseguró Murillo, quien señaló como principal sospechoso al excónyuge de la víctima Cesario Gómez, de 56 años. Según dijo Murillo, “ presuntamente por problemas personales, pasionales; tenían cuatro meses de separación, y la amenazaba de muerte porque ella no quería regresar con él”.
El sospechoso, de acuerdo a la versión oficial, fue capturado y remitido al Ministerio Público, tenía antecedentes por violación agravada, tentativa de violación, y hurto.
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Murillo aprovechó para anunciar el plan de prevención que ejecutarán desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Familia.
Aunque Quintana aclaró que desconoce el plan anunciado por Murillo, cuestionó que en el mismo excluyan a las defensoras de mujeres que por más de treinta años han adquirido experiencia en la lucha contra la violencia de género.
Por tanto, consideró Quintana, será “un plan con un gran vacío”, pues no integra a las personas con una gran capacidad de abordar el tema de la violencia contra las mujeres en el país.
Al tiempo, que indicó Quintana que cualquier plan que sea implementado debe contemplar medidas serias como la implementación de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, como fue concebida inicialmente y que vuelvan a funcionar las Comisarías.
Preocupan dos nuevos casos
A la activista de derechos humanos, Magaly Quintana le preocupa que a menos de dos meses de las elecciones municipales, hayan conocido del caso de la defensora de derechos indígenas en el territorio de Prinzu Awala, municipio de Prinzapolka, la wihta Celedonia Zalazar junto a su cónyuge Tito Gonzales y la candidata a vicealcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el municipio de San José de Bocay, Jinotega, Zeneyda Patricia Salgado Matus.