La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el principio de protección de los trabajadores respecto a enfermedades y accidentes laborales, sin embargo, para millones de personas eso está lejos de su realidad. Muchas tragedias pueden evitarse mediante prácticas de higiene y seguridad ocupacional, que gobiernos, empleadores y trabajadores deberían instaurar para preservar su salud y sus vidas. Entre las principales causas que originan enfermedades y accidentes de trabajo están: negligencia de empresarios, ahorros mal entendidos de las empresas, indiferencia de gobernantes, y desastres naturales.
Según la Constitución de Nicaragua, el Código del Trabajo, y la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, los empleadores deben garantizar y mantener el más alto grado de salud física, mental y social de los trabajadores en sus actividades; prevenir el deterioro de su salud causado por las condiciones laborales; protegerlos frente a los riesgos derivados de su desempeño y asegurarles condiciones adecuadas para proteger su salud física y emocional. Sin embargo, para la mayoría de nicaragüenses el acceso a la salud pública y privada es prohibitivo, siendo la desatención a los temas de salud pública, en particular, la salud laboral, un obstáculo abrumador para lograr su bienestar social.
Los honorarios cobrados por médicos, clínicas y hospitales privados son excesivos y solo pueden ser pagados por un grupo reducido de la población. En centros y hospitales públicos la atención es gratuita, pero sus doctores y enfermeras hacen turnos prolongados, ganan salarios indecentes, usan equipos desactualizados o en mal estado, y tienen inventarios de medicinas limitados o inexistentes, por lo que los pacientes los deben comprar a precios onerosos. El 70 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) nicaragüense labora en la economía informal y del resto solo el 33 por ciento está afiliado al Seguro Social, institución que enfrenta una debacle financiera y de servicios, problemas legales con las pensiones y beneficios, y una administración atropellada, agravada porque muchas empresas incumplen con el pago de las cuotas patronales y las retenciones hechas a sus empleados.
Numerosas empresas tienen directores poco sensibles a los temas de recursos humanos, que soslayan los principios básicos de administración e incumplen las leyes nacionales e internacionales para proteger a los trabajadores (incluidas muchachas embarazadas y jóvenes), laborando en instalaciones inadecuadas, o de riesgo, sin protección ante materiales tóxicos y equipos pesados; hacinados, sin ventilación, con falta o exceso de luz, en jornadas agotadoras, disciplina carcelaria y salarios injustos; sin salidas de emergencia, lugares limpios para comer ni servicios sanitarios. Desafortunadamente, gobernantes y líderes sindicales desatienden estas condiciones laborales.
Según la OIT, cada año ocurren en el mundo 317 millones de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, dejando 2.3 millones de muertes. El costo económico por malas prácticas de seguridad y salud se estima en el 4 por ciento del PIB global anual. En Nicaragua, durante el año 2016 el INSS pagó 775 millones de córdobas por muertes, accidentes laborales e incapacidades, vinculadas con el trabajo. En 2015, el INSS otorgó 1,400 millones de días de subsidio, y pagó 279 millones de córdobas. Estos montos no incluyen costos de las empresas por pérdida del capital humano entrenado, reemplazo temporal, o definitivo, capacitación, accidentes no reportados por empleadores, ausentismo y baja productividad.
Asimismo, numerosas dolencias ocultadas por el estigma o el temor de perder el empleo: adicciones, insomnios, cardiovasculares, gastrointestinales, neumonías, depresiones, ruptura de relaciones familiares, cefaleas, diabetes, cirrosis hepática, infecciones y otras.
Como señaló el papa Francisco, en su homilía en Cartagena (10-9-17), existe una “tragedia de la explotación laboral”. Parte de esta tragedia es la amenaza a la salud de los trabajadores. Hay suficiente legislación nacional y regulaciones internacionales suscritas por nuestro gobierno, lo que se necesita es la voluntad y compromiso de los gobernantes y empresarios para hacerlas efectivas y evitar accidentes en el trabajo y lograr una protección a la vida y a la salud de los trabajadores.
El autor es contador.
