La reforma a la Ley del crimen organizado (Ley 735) fue aprobada la mañana de este martes por 90 diputados, aunque sufrió un cambio de último momento durante la discusión en lo particular.
El diputado designado y jefe la bancada sandinista, Edwin Castro, presentó una moción de consenso que agregó al final del artículo 61 la exigencia al Sistema Financiero de mantener disponible por cinco años los reportes sospechosos de clientes relacionados con delitos de la Ley 735.
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“Todas las instalaciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia para el conocimiento de sus clientes con quienes establezcan relaciones comerciales, así mismo deben mantener a disposición de la autoridad competente y por un plazo mínimo de cinco años todos los registros sobre las transacciones, la información obtenida mediante la aplicación de estas debidas diligencias y deben ampliar reportes por operaciones sospechosas a la autoridad competente cuando la institución financiera así lo determine, producto del monitoreo de las relaciones comerciales”, reza la moción agregada a la Ley antidrogas.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), afirmó, vía mensaje de texto, que la modificación final a la Ley 735 la conocía previamente la banca y la respalda.
María Auxiliadora Martínez, diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que era necesario recordar en la ley la obligación que tiene la banca de cumplir con la prevención de no relacionarse en negocios de dinero ilícito.
“Son recomendaciones que se le hacen al Sistema Financiero Nacional de tener cuidado con sus clientes, saber el tipo de cliente que van a tener y además tener precaución en el análisis de los bienes que van a recibir en garantía”, dijo Martínez.
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La reforma a la Ley 735 permite que el Sistema Financiero pueda hacer efectiva la garantía cuando una propiedad respalde un crédito bancario en los casos que el cliente enfrente una acusación por lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico. Hasta ahora los bienes, en estos casos, eran decomisados por la Fiscalía y quedaban en el Estado.