En la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) reiteran que mientras el gobierno del presidente designado Daniel Ortega no impulse cambios concretos para enrumbar la senda democrática, se garanticen elecciones transparentes y un poder judicial confiable serán en vano los esfuerzos por evitar que en Estados Unidos (EE.UU.) se apruebe la conocida Nica Act o prosperen sanciones financieras más fuertes contra el país.
Diego Vargas, directivo de Amcham, dijo que el sector privado “hace su esfuerzo”, pero ve necesaria “la voluntad política del Gobierno” para hacer los cambios institucionales que demanda la población, a fin de que el avance en materia económica logrado los últimos años no se dañe como consecuencia de una escalada de la presión política de EE.UU.
Vargas enumera como cambios de prioridad “que las elecciones sean con transparencia”, “la separación de poderes en el Estado es algo clave en lo cual seguiremos insistiendo”, así como en “que haya mejoras en el tema de la Corte Suprema de Justicia”.
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El sector privado ha señalado que en el Sistema Judicial no se opera conforme la Ley y a esto se agrega que el Departamento de Estado de EE.UU. consideró “corrupto” al aparato judicial nicaragüense.
Los empresarios saben que los cambios no serán inmediatos, pero confían en que las acciones iniciadas por Amcham para evitar que en EE.UU. se apruebe la conocida Nica Act u otras sanciones financieras más fuertes, motive al Gobierno a avanzar en los temas institucionales internos.
Vargas afirma que Amcham hará esas exigencias “a este Gobierno y a cualquier otro”, porque están convencidos que la institucionalidad es el mejor camino para conseguir el desarrollo económico y social.
Alcance de las sanciones
Este martes el pleno del Congreso de EE.UU. discutirá el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017, H.R. 1978 (Nica Act), y de convertirse en Ley en el Senado castigaría a funcionarios del gobierno de Ortega involucrados en actos de corrupción. También el gobierno estadounidense se opondría en los organismos internacionales ante los préstamos que solicite Nicaragua.
Información recibida por los empresarios de Amcham indican que además se contemplan sanciones financieras más fuertes, las que se temen sean similares a las de Venezuela, que afectarían las inversiones estadounidenses en Nicaragua.
Vargas refiere que “solo la percepción de ser un país sancionado” por EE.UU. rebotaría dañando a Nicaragua en su relación con los organismos financieros e inversionistas de otros países.
“Somos creyentes de que el desarrollo económico y social son aspectos indispensables para preservar la misma democracia del país”, dice Vargas.
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Vargas y el presidente de Amcham, Álvaro Rodríguez, enfatizan que ante posibles sanciones económicas al país el sector privado no será espectador, debido a esto se efectuó la contratación de la firma consultora estadounidense Carmen Group Incorporated, para gestionar ante el Senado y el gobierno estadounidense que no prosperen dichas medidas.
Vargas y Rodríguez lideran la comisión especial —que integran junto con otros directivos y expresidentes de Amcham— encargada de definir y dirigir las estrategias con la firma Carmen Group. Están acordadas dos visitas a Managua en las próximas semanas de directivos de la consultora para definir las acciones a desarrollar.
“Esta comisión responde plenamente a la junta directiva (de la Cámara) que es quien conoce de la estrategia y decisiones que se adopten en este asunto”, indica Rodríguez.
Este directivo deja claro que el cabildeo en EE.UU. es un esfuerzo de Amcham. “Nada tiene que ver funcionario alguno del gobierno” nicaragüense. Además de que se estipuló en el contrato la prohibición de involucramiento del Gobierno en nuestra relación profesional con la firma norteamericana (Carmen Group)”, exaltó Rodríguez.
Aunque se maneja que la consultoría costaría unos 200 mil dólares, el presidente de Amcham se negó a detallar un monto.
Estado de Derecho
La observación en las elecciones municipales de la Organización de Estados Americanos (OEA) los empresarios la ven positiva, al igual que su acuerdo con el Gobierno de tres años para impulsar cambios en materia político electoral.
“Amcham ha estado abogando por todo lo que es institucionalidad, democracia y Estado de Derecho todo el tiempo y cada vez que podemos remarcamos eso y es para nosotros prioridad para el bien de nuestra sociedad”, afirma Diego Vargas.