La Cámara de Representantes aprobó la tarde del martes de manera unánime por voz de voto la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, una Ley de sanciones contra el gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo electoral (CSE), Daniel Ortega.
La legislación se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al Gobierno de Nicaragua y exige que se tomen medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción.
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La falta de elecciones libres, el control de los poderes del Estado, violaciones a la Ley, los derechos humanos, la corrupción del Gobierno y la defensa férrea que el mandatario designado por el CSE ha asumido a favor del régimen de Venezuela son las razones fundamentales que dieron origen a la Nica Act.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), autores de la Ley, y el congresista Ed Royce (republicano), presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso, explicaron en detalle las razones que propician la Ley.
Condicionamiento de EE.UU.
Ros-Lehtinen dijo que el objetivo es condicionar el voto de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales para Nicaragua hasta que Ortega tome medidas significativas para restaurar el orden democrático en el país.
Esas medidas, explicó la legisladora, consisten en promover la democracia, realizar elecciones libres, justas y transparentes; un sistema judicial y un consejo electoral independientes; fortalecer el Estado de Derecho; combatir la corrupción, incluida la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios gubernamentales que se presumen corruptos; protección al derecho de los partidos de oposición política de organizarse libremente, protección a periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil para que puedan operar sin interferencias.
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El congresista Royce catalogó a Daniel Ortega como un presidente autoritario que tras su retorno al poder (en 2007) ha reforzado el control del poder debilitando las instituciones del Estado y a la oposición en el país, “(acto) que le garantiza el poder a él y su familia mediante la exclusión de observadores electorales internacionales (creíbles)”.
Transparencia electoral y combatir la corrupción
Royce dijo que la exigencia que hace la Ley a la Secretaría de Estado tiene como fin que certifique si Nicaragua ha tomado medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción antes de que Estados Unidos vote para proporcionar préstamos al Gobierno de Nicaragua.
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Señaló que deben tener garantías para que “el dinero de los contribuyentes no sea usado para llenar los bolsillos de corruptos autoritarios o para descarrilar los derechos democráticos legítimos de los ciudadanos nicaragüenses”.
El congresista Albio Sires, coautor de la Ley, dijo que las acciones corruptas de Ortega no pueden continuar sin consecuencias. “Este proyecto de Ley asegura que Ortega y sus compinches no pueden seguir llenando sus bolsillos con dinero en efectivo y robando el dinero destinado al pueblo nicaragüense”.
PDVSA-Albanisa
La congresista Ros-Lehtinen se refirió al apoyo incondicional del régimen de Daniel Ortega a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela e instó a Estados Unidos a investigar los lazos de PDVSA-Albanisa.
Albanisa es el consorcio de empresas creadas al amparo de los fondos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), fondos que maneja de manera discrecional la familia Ortega-Murillo.
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“De acuerdo con el testimonio en el Congreso, PDVSA de Venezuela también está utilizando su filial en Nicaragua, Albanisa, para el blanqueo de dinero. Si Maduro está utilizando Nicaragua con el fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, tenemos que echar un vistazo más de cerca a estos lazos y (que) la gente rinda cuentas”, resaltó Ros-Lehtinen.
PDVSA enfrenta sanciones de Estados Unidos
“El mundo ha visto con horror cómo Venezuela sufre la ruina económica en medio de una crisis política que ha erosionado la democracia y amenaza con desestabilizar la región. Mientras tanto, se ha prestado menos atención para Nicaragua, que continúa violando los valores democráticos de la región al no realizar elecciones limpias y transparentes y negando a los nicaragüenses la libertad de expresión y asociación”, expresó el congresista Royce.
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“Como región tenemos que estar en una fuerte oposición al autoritarismo y la corrupción en Nicaragua”, aunque Royce refirió que no se trata de castigar al pueblo de Nicaragua, por tal motivo la Ley establece excepciones para brindar ayuda por razones humanitarias y para el restablecimiento de la democracia.
Relaciones en Rusia y Nicaragua
La congresista Ros-Lehtinen hizo referencia a las relaciones entre Rusia y Nicaragua, fortalecidas desde el retorno de Ortega al poder. “Los rusos han establecido operaciones en Managua, eso representa una amenaza para los intereses de seguridad nacional (de Estados Unidos)”, aseveró. El próximo paso de la Nica Act será su discusión en el Senado, un proceso que han anunciado empujarán los congresistas Carlos Curbelo y Albio Sires, coautor de la Ley.
Informe en 90 días
Según el proyecto de Nica Act, aprobado este martes en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, el secretario de Estado deberá presentar un informe en noventa días sobre la participación de altos funcionarios del gobierno nicaragüense, miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, el sistema de justicia, en supuestos actos de corrupción pública o violaciones a los derechos humanos.
Esto incluye también las irregularidades cometidas en las votaciones de noviembre de 2016, en las cuales el caudillo sandinista se reeligió, esta vez con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, garantizando la sucesión familiar.
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En 2016, cuando se presentó la Nica Act por primera vez, solo se pedía la elaboración de un listado de funcionarios involucrados en casos de corrupción y se daba entonces un plazo de 120 días para trabajar el informe, pero ahora será en menos tiempo.