Una joven de 22 años relató la angustia y el terror al que ha estado sometida ella y su familia a lo largo de un año luego que fue violada por un vecino suyo y miembro de un grupo de pandillas de su barrio. Después de haber sido declarado no culpable en los tribunales, cuando el hombre encuentra a la joven en la calle, la amenaza con un cuchillo.El hombre fue arrestado, pero un juez lo eximió de responsabilidad, por lo cual el caso está en apelación. Ella es una de las sobrevivientes que tiene que enfrentar los problemas de retardación de justicia en Nicaragua.
Entre sollozos la muchacha relata que por ocho meses guardó silencio ante las amenazas del hombre, que le había dicho luego que la violó “que si yo hablaba mataba a mi familia”. Un día de septiembre del año pasado, el hombre se metió a su casa cuando la víctima estaba solay amenazándola con cuchillo en mano abusó de ella.
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Sin embargo, la joven relató que decidió denunciar el caso en mayo pasado, “porque ya no aguantaba cuando yo salía a la calle, él se levantaba la camisa, me enseñaba un cuchillo y hacía (señas) como si iba a cortarse el cuello y ese era mi miedo”.
“Yo pensé que existía la justicia y veo que no hay justicia, yo fui, puse denuncia, llegamos a juicio pero el hombre quedó libre, fue declarado inocente”, lamenta la víctima quien insiste en demandar justicia.
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En el juicio alegaron que “supuestamente que él es músico y un músico no anda de noche buscando como perjudicar a las jóvenes (…) yo me sentí mal, porque desde luego uno pone denuncia, uno cree que van hacer valer sus derechos”, sostuvo la sobreviviente de violación, quien señala: “Yo lo miro a él y él se burla en mi cara. Eso no es justo”.
Hay otros dos casos similares de sobrevivientes a estos ataques, y los violadores son personas allegadas a la familia. Uno de esos casos ocurrió en Nindirí, contra un niño de cuatro años. La madre denuncia que inicialmente intentaron obligarla a realizar una mediación y como se negó, la amenazaron con mandarla a Managua, “en una bolsa negra”.
Ante su negativa a llegar a arreglos con el violador, le abrieron una causa por retención y apropiación y en uno de los casos la declararon culpable, pero ella alega que fue en represalia por continuar con su acusación.
“Mientras el abusador anda libre, yo soy procesada, castigada”, demandó la madre.
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El otro caso sucedió en Masaya fue contra una adolescente de 15 años y el caso lleva dos años sin que haya habido justicia.
Salvador Marenco, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), casos como estos afectan el proyecto de vida que pueden tener las víctimas.
“Se debe reforzar el sistema de administración de justicia”, aconsejó Marenco.
Elia Palacios, del Movimiento Contra el Abuso Sexual, refirió que en los tres casos hay retardación de justicia y recordó que lo importante es garantizar que a las víctimas se les haga justicia.
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“Se deben valorar las pruebas, se debe creer en la palabra de las víctimas”, manifestó Palacios quien consideró que “el marco jurídico existente permite la impunidad, permite la revictimización porque te deja puertas para que justamente las autoridades lo hagan”.