El gobierno español aprobó este viernes facilitar la salida de empresas de Cataluña, incrementando la presión sobre las pretensiones independentistas catalanas y las discrepancias empiezan a aflorar entre los dirigentes de esta región, que reciben constantes apelaciones al diálogo para evitar un choque frontal con el gobierno español de consecuencias imprevisibles.
En el plano judicial, el comandante de la policía catalana, una subalterna y dos líderes independentistas declararon por sedición ante la Audiencia Nacional, que no dictó prisión preventiva contra ninguno de ellos.
El ministerio de Economía del gobierno de Mariano Rajoy adoptó un decreto que facilita que las empresas catalanas, preocupadas por una posible declaración de independencia, saquen de la región su sede social, como hicieron en las últimas horas el Banco Sabadell o la empresa textil Dogi.
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En un comunicado, el ministerio de Economía señaló que el decreto responde a “la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional”. Este viernes se reunirá Caixabank, primer banco catalán y tercero nacional, para estudiar si imita al Sabadell, que anunció el jueves que sacaba su sede social de Cataluña.
La fuga de empresas aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por la apuesta independentista, cuya escalada ha sumido a España en su peor crisis política de la era democrática.
Libres tras declarar por sedición
El comandante de la policía regional catalana, Josep Lluís Trapero, una subalterna y dos destacados líderes independentistas quedaron libres y sin medidas cautelares tras declarar este viernes por sedición ante la justicia española, indicó a AFP una fuente judicial.
La fiscalía no pidió medidas cautelares contra Trapero, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana, que en su caso declaró por videoconferencia por motivos de salud.
Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, afirmó que su asociación no reconoce “la competencia” del tribunal, y se acogió a su derecho a no declarar, porque estima que no cometieron ese delito de sedición, que puede castigarse hasta con 15 años de cárcel.
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Los cuatro comparecieron ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal, por una protesta ocurrida en Barcelona el 20 de septiembre, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de una dependencia del gobierno regional catalán donde estaban efectuando registros.
‘Horas críticas’ para evitar el choque
“Hoy, en la sociedad catalana, hay una sensación de auténtica alarma, no solo inquietud”, afirma el decano de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Botella.
Desde Madrid, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, presionado para actuar con mayor contundencia contra los independentistas, reclamó a Puigdemont frenar esta declaración porque “se evitarán males mayores”.
Sobre la mesa está la aplicación de un artículo de la Constitución Española para suspender la autonomía de esta región, algo inédito desde la restauración de sus instituciones de autogobierno tras las muerte del dictador Francisco Franco en 1975, o incluso declarar un estado de excepción.
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“Quedan pocas horas para evitar el choque frontal (…) Son horas críticas”, señaló Botella.
Y en estas horas se multiplican las llamadas al diálogo. Desde hace días, Puigdemont insiste en una mediación internacional pero, hasta el momento, sólo Suiza reconoció contactos con ambas partes pero “las condiciones para facilitar” el diálogo “no están por ahora reunidas”, declaró su ministerio de Exteriores a la AFP.
Opciones
Las opciones pasan ahora por las iniciativas de mediación surgidas dentro de España. En este sentido, Puigdemont se reúne con una comisión creada por el Colegio de Abogados de Barcelona y compuesta por representantes del mundo sindical, académico y económico.
Su propuesta para salir consta de tres puntos: descartar decisiones inmediatas de ambas partes, retirar los refuerzos policiales enviados a Cataluña por el gobierno español y empezar un proceso de resolución mediante una comisión independiente de diálogo.
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“Son horas cruciales. No podemos esperar que de la noche al día salga un mediador o que ambos gobiernos aceptan una propuesta de diálogo”, subrayó el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós.
Sin embargo, “aunque la situación sigue siendo preocupante, ahora veo que hay margen de tiempo”.