Dos semanas después de que se conoció que Juana Molina fue obligada a renunciar como diputada propietaria de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las autoridades de ese partido siguen sin oficializar su separación del Parlamento.
Se esperaba que este jueves la junta directiva de la Asamblea Nacional recibiera de parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) la certificación de que Juana Molina renunció a continuar como legisladora en el actual período legislativo. Sin embargo, los directivos se negaron a dar declaraciones a los periodistas después de la reunión que sostuvieron y en la que decidieron los temas que discutirá el pleno de los diputados entre el martes y jueves próximos.
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Los dirigentes del FSLN habrían obligado a Molina —quien es originaria del departamento de Chinandega— a renunciar como diputada por desobedecer orientaciones partidarias ya que, según fuentes legislativas, la exlegisladora habría expresado su desacuerdo con la lista de candidatos a concejales del Frente en Chinandega en las votaciones municipales de noviembre próximo.
Castro y Porras se niegan a dar explicaciones
El jefe de la bancada oficialista FSLN, Edwin Castro, se ha negado a explicar las razones de por qué Molina dejó de ser diputada nacional por ese partido, puesto que se le asignó en las votaciones generales de 2016.
Gustavo Porras, diputado oficialista y presidente de la Asamblea, también mantiene hermetismo sobre el tema. “No sé”, respondió Porras el lunes pasado cuando se le consultó sobre la ausencia de Molina en las reuniones de la bancada sandinista y de las funciones parlamentarias.
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Molina también fue diputada nacional por el Frente en el período legislativo 2012-2017. Ella es una sindicalista magisterial de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), el brazo sindical magisterial del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) del sandinismo.
Agenda del Ejecutivo
En la reunión de este jueves de la junta directiva incorporaron a la agenda legislativa de la próxima semana las propuestas de reforma al Presupuesto público 2017 y la de la Vivienda de Interés Social, que son solicitadas por el Ejecutivo. También se oficializaron las propuestas de reforma a la Ley Orgánica del legislativo y a la Ley del Digesto Jurídico; ambas son impulsadas por la Comisión de Modernización de la Asamblea Nacional.
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