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LA PRENSA

Protección para los valientes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dispuesto medidas cautelares de protección a favor de la señora Francisca Ramírez, “doña Chica”, la emblemática dirigente de los campesinos que defienden sus tierras amenazadas por el proyecto del canal interoceánico.

La CIDH concedió las medidas cautelares a la dirigente campesina nicaragüense por las “amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra”. Y ha pedido al Estado de Nicaragua información sobre las investigaciones de los hechos “que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

En el ámbito internacional hay mucha preocupación por el incremento de la represión —inclusive asesinatos— que sufren los defensores de derechos humanos y otros activistas sociales en diversos países. Según Amnistía Internacional, el año pasado fueron asesinados 281 defensores de derechos humanos, casi el doble que en el año anterior. Alrededor de la mitad —el 49 por ciento— de los que murieron en 2016, eran activistas sociales que trabajaban en problemas de tierras, territorio y medioambiente. En ese trágico recuento, el asesinato de la dirigente indígena, campesina y ambientalista hondureña, Berta Cáceres, ha sido uno de los casos más impactantes.

“Líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la abogacía, periodistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo afrontan niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia”, denunció Amnistía Internacional al iniciar una campaña global denominada Valiente, que demanda el fin de los ataques contra los defensores de los derechos humanos, que en realidad son muy valientes. La campaña fue dedicada a la memoria de Berta Cáceres, quien al comentar las amenazas de muerte que recibía expresó: “Nosotros nunca nos vamos a rendir. Somos valientes porque seguimos luchando”.

En Nicaragua hay una larga historia de represión contra activistas sociales y defensores de los derechos humanos, pero muy pocas veces se ha llegado al extremo del asesinato. Sin embargo, quienes se dedican al activismo social y humanitario están permanentemente amenazados con la represión, que bajo determinadas circunstancias podría llegar a los mayores extremos. Máxime cuando en el país hay un régimen que es hostil a las protestas sociales y divide a la sociedad en amigos y enemigos, según sea que lo apoyen incondicionalmente o que critiquen sus políticas públicas.

De manera que es importante y oportuno que la CIDH disponga medidas cautelares en favor de doña Francisca Ramírez, lo mismo que para otros defensores de derechos humanos que también le han solicitado protección por las constantes amenazas que reciben.

Las medidas cautelares de la CIDH no son un seguro absoluto para la vida y la libertad de acción de los defensores de derechos humanos y luchadores por la justicia social. Pero representan “un gran respaldo para el movimiento de los campesinos”, como dijera en su caso personal doña Francisca Ramírez; y constituyen también una acción solidaria con todos los defensores nicaragüenses de los derechos humanos, los ambientalistas y otros luchadores por las justas causas sociales.

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