Representantes de los tres organismos de derechos humanos existentes en el país, coinciden con el informe de Transparencia Internacional en lo que respecta al pago de sobornos y corrupción.
El estudio indica que al menos un 30 por ciento de los nicaragüenses aceptó haber pagado sobornos.
Denis Darce, funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, estima que esto es el resultado de la falta de implementación de mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y control. “Los funcionarios creen que tienen la potestad o discrecionalidad de decidir como manejan los asuntos públicos”, dijo Darce.
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ha conocido casos como el de un jefe de sector de la Policía Nacional que obligaba a sus vecinos en los barrios, a proporcionarles alimentos. Y al negarse “vino la represalia”, sostuvo el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión.
Es un mal “que carcome a la sociedad”, aseguró Carrión, quien recordó que esto se ve expresado en casos para apurar trámites, evadir multas.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, por su parte señala además la falta institucionalidad existente.
Leiva dijo que muchas veces los servidores públicos no son sancionados, simplemente porque quien incurre en estos actos, es afín a la línea partidaria del Gobierno y las acciones quedan en impunidad.
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