Transparencia Internacional define como corrupción a los comportamientos por parte de funcionarios del sector público, ya sean políticos o servidores públicos, que los enriquece a ellos mismos o a sus allegados —inapropiada o ilegalmente— mediante el mal uso del poder que se les ha encomendado.
La corrupción no solo se mide en los bienes que se desvían o en la cantidad de dinero que el Estado pierde, sino, sobre todo, en los derechos que vulnera y en las barreras que genera para poder acceder a los servicios básicos como salud, educación, justicia, entre otros. Así, desde esta mirada, la corrupción implica un problema de derechos.
La formas de corrupción son muy variadas, alguna de ellas son: el soborno, colusión, peculado, tráfico de influencias, malversación de fondos, cohecho, concusión, cobros indebidos, enriquecimiento ilícito, patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido de cargo, entre muchas otras.
Es sabido que la corrupción que existe en la gestión pública no es de los últimos años y está lejos de acabarse. Pero, ¿qué hacemos contra ello? ¿Los funcionarios y servidores públicos están preparados para enfrentar los actos de corrupción? ¿Dónde está la ética pública? ¿Dónde están los valores?
Una de las desviaciones principales para que se den casos de corrupción está en la ética pública, la misma que si bien se encuentra en la letra, es decir en las normas y en las reglamentaciones, no está arraigada en los funcionarios de las instituciones públicas ni en los encargados de dirigir a las entidades del Estado quienes, muchas veces, tampoco tienen en claro los objetivos nacionales e institucionales de sus centros de trabajo. Ante esta realidad, ¿cómo se puede pensar en mejorar la gestión pública del país?
Para evitar actos de corrupción debemos tener servidores públicos, funcionarios y autoridades verdaderamente llenos de valores y principios éticos que les permitan tener en claro que solo son personas que están encargadas recursos públicos del Estado y que sus cargos son transitorios. Asimismo, debe existir en todo momento información clara, transparente, pública. La Ley de Acceso a la Información Pública, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos, por citar dos ejemplos, no pueden ser letra muerta.
A pocos días de un cambio en los gobiernos municipales, tras varios años de gestión es necesario que los principales actores políticos evalúen lo siguiente: ¿Las autoridades saben cuál es la misión y visión de la entidad que lideran? ¿Sus funcionarios lo saben? ¿Todos tienen claros los códigos de Ética de la Función Pública? ¿Tienen Códigos de Ética de la Institución, lo saben y lo aplican? Si queremos eliminar la asociación funcionario —público— corrupción, no hay otro camino más que considerar los puntos expuestos.
En el corto plazo la ciudadanía puede hacerse de la vista gorda, sobre todo si están recibiendo ciertos beneficios a través de algunos programas o a título personal, pero a largo plazo el efecto que se produce sobre las sociedades es devastador. Lo que el ciudadano percibe es, que para acceder a la justicia y otros servicios, necesita tener poder, contactos o recursos, cuando la idea de la democracia es todo lo contrario.
La corrupción necesita ser mostrada perdiendo el miedo, represalias o indefensión. A través de la denuncia, los actos de corrupción salen a la luz pública para ser investigados y sancionados. El compromiso ciudadano en la lucha contra la corrupción requiere entonces no callar frente a actos corruptos, sino más bien denunciarlos para evitar la impunidad y de esta forma atacar estructuralmente el mal.
Solo empoderando a la ciudadanía comprometida con el conocimiento de los mecanismos que el ordenamiento jurídico ofrece para denunciar, investigar y sancionar los actos de corrupción, se podrá anidar con relativo optimismo una reacción ciudadana frente a la corrupción que pretende instalarse persistentemente en la sociedad nicaragüense.
La transparencia en la gestión pública si bien no es suficiente, es importante para establecer un diálogo honesto y responsable entre el Estado y la sociedad, para construir acuerdos orientados a enriquecer y mejorar la ejecución de las políticas públicas.
El autor es especialista en Adquisiciones. Cursando Maestría en Compras Públicas impartida por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) y La Universidad Santo Tomás (Chile).
