Una investigación de la masacre ejecutada por el Ejército de Nicaragua el 12 de noviembre en la comunidad San Pablo 22, La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, y sanciones a los responsables “de este reprochable hecho” demandaron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Elea Valle, madre de dos menores asesinados allí.
Acompañada de un equipo del Cenidh, Valle denunció este jueves oficialmente por escrito el hecho ante la Fiscalía y la Policía Nacional, para reclamar los cuerpos de sus hijos y que se haga justicia. En las sedes de ambas instituciones se limitaron a firmarles una copia de recibido. Pese a que solicitaron que la denunciante fuese recibida por sus titulares Ana Julia Guido y Aminta Granera.
Tras ser ejecutados Francisco y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle fueron enterrados en una fosa común sin presencia de fiscales, policías o autoridad alguna que testificara sobre la identidad de las víctimas.
Ejército se negó a recibir denuncia
En cambio en el Ejército de Nicaragua se negaron a firmar la copia de recibido de la denuncia que dirigían al jefe de la institución castrense, general Julio César Avilés. No obstante, el escrito fue dejado en las instalaciones de ese cuerpo militar, explicó el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión.
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Una de las principales demandas efectuadas por Valle y el Cenidh fue que los operadores de justicia investiguen cómo mataron a las seis personas, al margen de la imputación oficial que les hace el Ejército de grupo “delincuencial” y que la denunciante reconoce que su esposo Francisco Pérez Dávila, otro de los muertos, estaba alzado en armas con fines políticos, recordó Carrión.
En el escrito el Cenidh hace una exposición amplia de lo denunciado por Valle ante ese organismo, sobre la persecución que ella y su familia han vivido los últimos tres años y la forma dantesca en que fueron muertos sus hijos.
LA PRENSA/E. ROMERO
El Cenidh describe lo relatado por la madre de los dos menores fallecidos en ese incidente, cuyas circunstancias no han sido esclarecidas por el Ejército, la violencia perpetrada contra la adolescente Yojeisel Elizabeth, que supuestamente fue violada y que a su hijo le propinaron varias cuchilladas y balazos, incluido uno en la cabeza, que lo dejó “completamente irreconocible”. Y menciona que ambos estaban desnudos, mientras los otros cuerpos estaban quemados.
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“El Cenidh condena los hechos graves cometidos por agentes del Ejército de Nicaragua, cuyo crimen constituye una ejecución arbitraria, violando el derecho a la vida, causando sufrimiento y vejámenes a la señora Elea Valle”, dice la denuncia.
Carrión criticó que la Fiscalía y la Policía no hayan iniciado de oficio una investigación. El Cenidh señala que “no es la primera vez que conocemos sobre operativos militares que han privado de la vida a ciudadanos, en particular en el campo… sin conocerse la legalidad de las acciones ni las causas de fondo que expliquen la represión y las ejecuciones desmedidas”.
Cese de persecución
La madre de las víctimas siguió demandando el cese de persecución en su contra y que le permitan vivir en paz con los tres niños que aún le quedan. Así como al gobierno que cese la violencia contra los campesinos en las montañas del país.
Posteriormente el Cenidh denunciarán el caso ante mecanismos internacionales que velan por los derechos humanos dado que el Estado no ha cumplido con derechos internacionales como el derecho a la vida y a no ser torturados entre otros.
