Transcurrido más de un mes del día de la votación municipal, analizando lo acontecido, podemos concluir que el régimen orteguista continúo abusando de los mecanismos de fraude empleados en procesos anteriores; de los 53 indicadores de procedimientos irregulares que el FAD monitoreó a lo largo del proceso, podemos apreciar la reiteración de 46 prácticas que hacen imposible catalogar a las elecciones nicaragüenses como democráticas y transparentes; ante la falta de cooperación o silencio de los partidos participantes fue imposible verificar siete mecanismos y no se reportaron obstáculos a la limitada observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue generalizado el control absoluto de las estructuras electorales y la manipulación de los resultados en los 153 municipios; el fraude no se restringió a los siete municipios denunciados por los partidos afectados.
El principal objetivo del orteguismo consistió en tratar de ocultar con sus números el altísimo nivel de abstención que nuevamente fue una expresión de repudio ciudadano a un sistema electoral colapsado y de partidos políticos totalmente degradados.
La pareja presidencial aprovechó lo reducido de la misión de la OEA así como lo tardío del despliegue de la misma, sumados a un jefe de misión complaciente y un retiro anticipado del país (notoria diferencia con la misión en Honduras que ha permanecido hasta el final) para repetir sus acostumbradas marrulladas a las que agrego el abuso de las tarjetas amarillas para el personal auxiliar facilitando el voto múltiple de sus militantes y de los miembros del Ejército y la Policía.
Si bien el informe preliminar de la OEA señala la urgente necesidad de reformas para mejorar el sistema, como la organización lo había señalado en el pasado, se pretendió en el mismo dar idea de normalidad y de respeto al voto, objetivo que el gobierno no logró alcanzar ante la crudeza de los hechos que dicen más que mil palabras: un resultado de siete personas asesinadas por reclamar sus derechos, decenas de municipios militarizados con más de una centena de personas heridas y golpeadas así como docenas de arrestados y procesados de la oposición en juicios políticos que continúan tramitándose; confrontado con la total impunidad de que gozan los autores de las muertes, lesiones y demás abusos.
Ortega quiso demostrar que está preparado para reprimir en cualquier circunstancia y que tiene el apoyo total de las fuerzas armadas para mantenerse a sangre y fuego en el poder.
El abuso de la fuerza evidencia que el régimen sabe que le vienen tiempos difíciles y se ha preparado para ello, tomó la decisión estratégica de apoderarse de más de diez municipios de la zona conocida como el corredor de la contra, que inicia en Wiwilí, Nueva Segovia, Siuna, Bilwi y pasa por Waslala, Mulukukú, Río Blanco y San José de Bocay, entre otros hasta llegar a Villa Sandino y Nueva Guinea con el avieso propósito de que las alcaldías frentistas puedan convertir tales municipios en verdaderas fortalezas para el apoyo de las fuerzas represivas que consideran el corredor como una zona de alto riesgo bajo los parámetros de la Ley de Seguridad Soberana (S.S.). La decisión estratégica para controlar esos municipios se evidenció desde la presencia anticipada del gran número de elementos del Ejército y la Policía que llegaron no solo para reprimir posibles protestas sino para intimidar, votar y asegurar sus gobiernos municipales.
Ante el escenario que se visualiza, de más represión y limitaciones a las libertades ciudadanas, quienes creemos en la lucha cívica debemos unirnos alrededor de una sola propuesta de profundas reformas electorales y de un plan de nación que ofrezca una alternativa de buen gobierno que aproveche la pequeña ventana que la OEA ha dejado abierta, la que debe ampliarse y sostenerse mediante la movilización organizada y el apoyo internacional; por ese camino deberíamos transitar todos los demócratas para lograr una mejor Nicaragua.
El autor es abogado.
