Con la excusa de que se deben acabar las noticias falsas y el acoso en las redes sociales, el Gobierno y los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional preparan un paquete de reformas a varias leyes, incluido el Código Penal, para controlar, a través de la penalización, la información que circula en el internet.
Los cambios llegarían a afectar a los periódicos, la televisión y la radio, puesto que se pretende que no publiquen denuncias que los usuarios hagan en las redes sociales, cuando esas informaciones contradigan el modelo de familia y de seguridad del país que conceptualiza el Gobierno.
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El control legal de la información será el resultado de lo que Rosario Murillo, vicepresidenta designada por el poder electoral, ha anunciado como un debate nacional sobre cómo prevenir la violencia y la publicación de noticias falsas en las redes sociales.
Murillo insistió ayer en su comparecencia al mediodía, en que se debe modificar el marco jurídico porque hay que “proteger a nuestra niñez, (a los) jóvenes, del mundo de las noticias falsas” en las redes sociales, que para ella son “amenazas” para las familias.
“Que trabajemos en el mundo real, son temas de alta sensibilidad y tenemos que tratarlos con madurez, seriedad, responsabilidad, en el mundo real, no en el mundo de las noticias falsas”, dijo Murillo.
Apresuran reformas
Diputados sandinistas informaron que esta semana empezará la revisión del Código de la Familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley contra la Trata de Personas, el Código Penal y en el Código Procesal Penal para determinar si deben endurecer la tipificación y las sanciones ya existentes de las diferentes expresiones de violencia, ya que el objetivo es regular el acoso en las redes sociales y la publicación de noticias falsas.
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Murillo le pasó ayer al presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, el “plan de trabajo” que se maneja; es la propuesta de reformas legales que se pretende sean aprobadas antes del receso de los diputados por la Semana Santa.
Aunque los funcionarios hablan de un amplio debate con diferentes sectores, quienes van a opinar sobre la regulación de las publicaciones en las redes sociales son las instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Policía Nacional, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los grupos empresariales y organizaciones religiosas afines al Gobierno.
Zepeda confirma control
Los diputados sandinistas Carlos Emilio López y José Antonio Zepeda explicaron que se revisará el marco jurídico existente para determinar si las regulaciones son suficientes o deben endurecer sobre informaciones falsas y el acoso en las redes.
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López, vicepresidente de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional, dijo que si bien se “seguirá respetando de manera irrestricta la libertad de expresión”, insistió en que se deben sancionar las publicaciones en las redes sociales que consideran “puedan lesionar derechos de la niñez y la adolescencia”.
Mientras el diputado Zepeda, presidente de la Comisión de Educación y Medios de Comunicación, afirmó que de “lo que estamos hablando es controlar y respetar el derecho que tiene la familia nicaragüense de estar en paz, en tranquilidad y en armonía”.
El diputado orteguista, quien además es sindicalista, reconoció que también se busca regular las publicaciones de los medios de comunicación, que se basen en denuncias en las redes sociales, que las autoridades consideren que atentan contra el modelo de país que el Gobierno quiere que exista.
“La libertad de prensa, la libertad de expresión se regula en cuanto yo estoy atentando contra la tranquilidad y la libertad de las familias nicaragüenses”, respondió Zepeda este miércoles.
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Sobre el rechazo que expresan diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos políticos opositores y los usuarios de las redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube y otras, porque consideran que se impondrá una censura, el diputado Zepeda respondió que todo dependerá de que si esa opinión que el ciudadano haga en esos medios afectará el discurso de seguridad en el país que el Gobierno ofrece.
“Depende de lo que querrás opinar, porque si yo opino en una determinada situación que tiene una base, tiene validez y es verdad, no hay ningún problema; pero si es una información falsa, que estás inventando y obviamente va en contra, en atentar contra la tranquilidad de la familia, me parece que eso sería libertinaje”, dijo Zepeda.
El legislador orteguista confirmó que el Gobierno considera que las redes sociales se utilizan para “crear rumores y falsas informaciones que van en contra de las buenas políticas de estabilidad y tranquilidad” que, para las autoridades, hay en Nicaragua.
“Aquí lo importante es que todos los nicaragüenses estemos claros de que debemos atacar el rumor, la intriga, la calumnia, porque eso no va con nosotros, no es nuestro estilo”, dijo Zepeda.
FAD se pronuncia
El grupo opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) y abogados independientes rechazaron lo que pretende el gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, al advertir que el objetivo es censurar las denuncias de corrupción estatal y los abusos de funcionarios que hacen los medios independientes y la población en las redes sociales.
El FAD emitió un comunicado en el que llamó a las organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, religiosos y partidos políticos “a oponerse firmemente contra esta descabellada, inútil y peligrosa propuesta oficial”, que pretende controlar las redes sociales, que “salvo algunos medios tradicionales independientes, se han convertido en el espacio de libertad en el que la ciudadanía se informa y critica los abusos del régimen”.
El FAD denunció que de llegar a concretarse ese control, “el régimen de Ortega cometería otra nueva violación” a los derechos humanos de los nicaragüenses “y obstaculizaría el encuentro de una salida pacífica hacia la democracia”.