Líderes del nuevo movimiento Pueblo Autoconvocado, que incluye a estudiantes y pobladores que han liderado las protestas de los últimos días, sentaron su posición con respecto al diálogo con el Gobierno de Daniel Ortega y consideran que para lograrlo se debe cesar de inmediato la violencia, persecución e intimidación a la población.
El Gobierno, según dijeron los dirigentes en su primera conferencia, también debe liberar a las personas detenidas ilegalmente. Así como reconocer la responsabilidad de la Policía Nacional en el asesinato de jóvenes que protestaban pacíficamente y, además, indemnizar a sus familias.
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Los líderes de este nuevo movimiento llamaron a la población para que este domingo a las 11:00 de la mañana se concentren en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). “No somos cuatro minúsculos grupos, somos la mayor parte de nicaragüenses que no nos sentimos representados y respetados por el Gobierno”, dijo una de las integrantes.
Piden estar en mesa de diálogo
La posición de Pueblo Autoconvocado es que el Gobierno involucre en la mesa de diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a los estudiantes, ambientalistas, organizaciones de mujeres, campesinos e indígenas. “El Cosep no puede ser el interlocutor de este diálogo, sino parte de una representación amplia”, puntualizan.
Otra de las condiciones que exigen para dialogar es que Ortega debe destituir a funcionarios ligados a la represión, como a la comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional; general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua; y Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
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“Estamos en contra de la violencia. Le hacemos saber a los trabajadores del Estado y a la juventud que apoya al Gobierno que nuestra propuesta no es en confrontación con ustedes. Sino en defensa de aquellos a quienes están reprimiendo y asesinando”, detalla el comunicado oficial emitido esta tarde por el nuevo movimiento.
Según los dirigentes de Pueblo Autoconvocado, el Gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2017, debe eliminar todas las medidas de censura establecidas contra medios de comunicación y restaurar la señal de los medios bloqueados por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
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