A tres años de la tragedia sufrida por la familia Reyes Ramírez cuando una patrulla policial abrió fuego en contra del carro en que se trasladaban y terminó con la vida con tres de sus miembros, en el sector de Las Jagüitas, es uno de tantos casos que en el país han quedado en impunidad.
Las víctimas de la masacre fueron Katherine Ramírez de 22 años y los niños Efraín Ramírez de 11 años y Aura María Reyes Ramírez de 12 años. Los hechos, en los que resultaron con heridas graves Myriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes de 5 y 13 años respectivamente.
Desde esa fecha para acá pocas veces han vuelto aparecer los familiares de las víctimas. El silencio de la familia de las víctimas es interpretado por el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, que ha sido influenciado por el miedo y porque considera que la familia de las víctimas se cansó de demandar justicia sin obtenerla.
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“Se dieron cuenta que en este país no hay justicia”, sostuvo Cuevas , quien apuntó, “estamos claros que en ese caso hubo casi impunidad”.
El defensor de derechos humanos mencionó que en la masacre de Las Jagüitas no fueron procesados oficiales de mayor jerarquía, y en el caso de los que acusaron les impusieron penas, fuera de lo que establecía le ley.
Cuevas puso de ejemplo como anomalías del proceso, que la Fiscalía ni siquiera tomó en cuenta a las víctimas y únicamente aparece la versión de los victimarios. “No había ninguna intención de hacer justicia”, considera Cuevas.
En su momento las tres organizaciones de derechos humanos existentes en el país, exigieron a la Policía Nacional una investigación objetiva y exhaustiva, pero esto no ocurrió.