La celebración del Día de los Trabajadores de la Salud de Nicaragua supo amarga. Han pasado tres meses desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) han despedido a decenas de médicos y otros trabajadores de la salud aparentemente en represalia por participar en protestas o expresar sus diferencias con el gobierno.
Pero el desempleo no es la única preocupación de los trabajadores de la salud, algunos han caído presos, otros son acosados en las redes sociales, hay quienes son perseguidos, otros han tenido que exiliarse por temor de ser asesinados y no hay sindicato que los defienda.
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De forma contradictoria en el fundamento de la Ley que declara el 8 de agosto Día Nacional del Trabajador de la Salud se explica que se ha tomado esa fecha en honor al 8 de agosto de 1979 “fecha histórica, donde miles de trabajadores de la salud despedidos, fueron reintegrados a sus puestos de trabajo, después de una ardua lucha en favor de sus derechos sociales, laborales, económicos y políticos, alcanzando el triunfo con dignidad humana, al hacer respetar la libertad sindical, amparándose en la Constitución Política y demás leyes de la República”.
Despidos arbitrarios
Según Human Rights Watch los despidos a los médicos son “arbitrarios” y todo este panorama se produce luego de que el gobierno intentara limitar el acceso a la atención médica a personas que participaron en manifestaciones en su contra y resultaron heridas.
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Uno de los despedidos fue el cirujano Javier Pastora, quien fue echado del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, el 27 de julio. Ese día a las 7:00 a.m., la directora del hospital, Judith Lejarza Vargas, lo citó en su oficina y le entregó una carta de despido en la cual no se indica por qué fue echado. Cuando Pastora pidió una explicación, Lejarza Vargas le dijo que su participación en las manifestaciones lo convertía en “inestabilidad” para el hospital, contó Pastora.
El 30 de julio, Lejarza Vargas publicó en Facebook que “habrá más despidos a médicos por terroristas”. En una publicación anterior de ese mismo día, Lejarza Vargas indicó que “los estudiantes de medicina son golpistas y terroristas”, documentó Human Rights Watch.
Además la Policía Nacional ha limitado el trabajo de los socorristas. El 13 de julio paramilitares atacaron la parroquia de la Divina Misericordia y la policía cercó el perímetro e impidió que las ambulancias se acercaran al lugar.
Juan José Zepeda, fue despedido del Hospital Escuela Regional Santiago, en Jinotepe. El 1 de agosto a las 7:00 a.m., Zepeda y otros médicos tuvieron una reunión en el hospital con el titular del Ministerio de Salud en la zona, quien les indicó que las personas que criticaran al gobierno no podían trabajar en el hospital.
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A las 11:00 a.m., Álvaro Urroz, subdirector del hospital, entregó a Zepeda su carta de despido sin ofrecer una explicación sobre los motivos. El 15 de julio, Zepeda había atendido a manifestantes heridos con armas de fuego. Zepeda dijo a Human Rights Watch que cree que ha sido desvinculado por criticar la respuesta cruenta del gobierno a las protestas.
Abusos están registrados
En mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió numerosas denuncias de que en varios hospitales públicos se había negado atención a manifestantes heridos.
El organismo documentó casos en los cuales las autoridades de hospitales públicos exigieron que los familiares de manifestantes muertos renunciaran a su derecho a denunciar los casos para que les entregaran las actas defunción. La CIDH también identificó a personas que optaron por no buscar atención médica en centros de salud públicos por desconfianza.