Bajo impunidad y con violencia, el régimen de Daniel Ortega confiscó las propiedades y bienes de nueve organizaciones no gubernamentales a quienes arbitrariamente había anulado.
Ahora mediante un proceso anómalo y violento pretende “confiscarle” los bienes muebles e inmuebles a través del Ministerio de Gobernación, institución que no está facultada para ello, explicaron abogados penalistas y el exdiputado José Pallais.
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Las ONG afectadas son Cisas, Ieepp, Cinco, Cenidh, Hagamos Democracia, Ipade, Popol Na, Instituto de Liderazgo de Las Segovias y Fundación del Río, todas defienden la democracia y el respeto a derechos humanos, independientemente de la función para las que fueron creadas, lo cual no es violatorio.
Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), relató que la propiedad donde funciona el Cenidh fue ocupada por la Policía Orteguista la noche del viernes y ayer sábado les impidieron entrar a dichas instalaciones, bajo una orden del Ministerio de Gobernación (Migob), según le dijeron.
En cada decreto de cancelación de las personerías jurídicas la Asamblea ordenó a Gobernación que en un plazo “no mayor de 72 horas procedieran a la cancelación de la inscripción respectiva” como ONG, para que se les entregue los libros financieros y el sello.
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Núñez criticó que ellos mismos violaron el término de 72 horas, que dispusieron en su decreto ilegal, para que las organizaciones hicieran la entrega.
“Promovieron odio”
Según comunicado del Ministerio de Gobernación la medida se tomó porque estas ONG han participado “activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado, promoviendo terrorismo, crímenes de odio…” y han canalizado dinero a través de sus cuentas supuestamente para apoyar las manifestaciones sociales contra el orteguismo desde el 18 de abril.
“Los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones antes referidas, pasan bajo la administración del Estado de Nicaragua, para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo”, se lee en el comunicado del Migob.
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Al respecto, el ex procurador general de la República, Alberto Novoa, explicó que el artículo 25 de la Ley 147 o Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de Lucro contempla que “cancelada una Personalidad Jurídica, los bienes y acciones que pertenezcan a la Asociación tendrán, previa liquidación, conforme a los estatutos para que puedan cumplir con sus obligaciones como pago a trabajadores y deudas si las tienen y solo en caso que no haya dispuesto nada sobre el destino de los bienes, pasarán a ser propiedad del Estado”, explicó Novoa.
Proceso arbitrario
LA PRENSA/Uriel Molina
Sin embargo, el Migob sin haber notificado formalmente a las ONG afectadas y sin publicar el Decreto Legislativo donde les cancelan la personería jurídica, en La Gaceta, diario oficial, se fue tras los bienes de los organismos afectados de forma arbitraria.
“Gobernación no está facultado para ordenar la ocupación de un bien, esa es una acción totalmente ilegal. Por otro lado, la cancelación de la personería jurídica no significa que vayan a ocupar los bienes de forma arbitraria, para eso hay procedimiento (artículo 25 de la Ley 147) y no lo pueden hacer de facto”, agregó Novoa.
El abogado y exdiputado Pallais coincide con Novoa y agrega que el régimen de Ortega se está adelantando a tomar control de estos bienes sin cumplir con el proceso legal, desde la cancelación de las personerías jurídicas por la Asamblea es ilegal.
Según Pallais, el artículo 24 de la Ley 147 manda a que “la personalidad jurídica de las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sujetas a esta Ley podrá ser cancelada únicamente por la Asamblea Nacional mediante el mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación” y esto no lo cumplieron.
“La Asamblea no debió aprobar la cancelación de personerías jurídicas sin cumplir procedimiento, porque se cancelan a como se aprueban, entonces los afectados debieron comparecer ante la Asamblea, y Gobernación se extralimita en sus funciones”, dijo Pallais.
Inseguridad
Para el abogado penalista Nelson Cortés, el Migob está realizando una especie de confiscación a las ONG, misma que está prohibida en el párrafo último del artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua.
“El artículo 44 garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y prohíbe la confiscación de bienes, solo permite la expropiación con fines de utilidad pública con previa indemnización, pero para ello hay un procedimiento y en el caso concreto no existe tal situación”, explicó Cortés.
Según Cortés, lo más peligroso es que el régimen orteguista está despojando propiedades bajo ningún procedimiento legal, lo que deja vulnerable a cualquier ciudadano y agudiza la inseguridad jurídica, creando un caos respecto al derecho de propiedad en el país.
Tragedia de un país
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra la dictadura de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.