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CONTENIDO EXCLUSIVO.La represión contra los organismos, quitándoles sus personerías jurídicas desde el poder legislativo, es otro punto en común entre la historia del régimen de Daniel Ortega y el de Anastasio Somoza, un acto de venganza contra sus críticos, opinaron analistas políticos.
Según diarios de la época, en 1978, la dictadura somocista le quitó su personería jurídica al Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), fundado en 1963. Lo hicieron bajo la acusación de que “públicamente ha venido procurando circunstancias de intranquilidad pública”.
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La comparación la realizó el exministro de defensa del gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), Avil Ramírez, en su cuenta de Twitter, en la que recordó que Somoza le canceló la personería jurídica también a la Cámara de Comercio.
Desde el 29 de noviembre pasado, cuando los diputados sandinistas quitaron la personería al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud tras expulsar a su directora Ana Quirós, han mantenido el argumento que estos organismos estuvieron involucrados en el fallido intento de golpe de Estado como califican a las manifestaciones pacíficas iniciadas en abril por la ciudadanía y brutalmente reprimidas por Ortega.
“Es una estrategia basada en una premisa de error. Ellos asumen que lo que pasó en abril es producto de un financiamiento, una conspiración que vino del extranjero y que fue a través de las ONG y todo lo demás. Creen que pueden evitar el tema de una revuelta, o de cualquier otro estallido social, cancelando personerías e impidiendo que estas puedan operar en el país. La premisa errónea los está llevando a este tipo de estrategias que en este caso el único efecto real que tienen es el efecto de venganza”, consideró el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
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Para Núñez, la repetición con Somoza se explica en que las dictaduras emprenden siempre una lucha contra lo inevitable, cuando llegan a su final, una medida que deja la imagen de Ortega como alguien que decidió instaurar una tiranía feudal en pleno Siglo XXI.
El miércoles pasado, consultado sobre la posibilidad de que les cancelaran la personería jurídica a privados, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que eso había ocurrido en el pasado y que hoy allí estaban estas organizaciones presentes más allá de los gobiernos de turno.
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Sofía Montenegro, directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), al que el régimen le canceló la personería jurídica este jueves, aseguró que la medida tomada por el orteguismo la recibió como una medalla al mérito.
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“Hoy le cancelan la personería jurídica a CINCO, centro de investigación que he dirigido durante 23 años. Lo recibo como una medalla al mérito y me siento honrada de que nuestra asociación esté entre los condenados por el régimen. Mi solidaridad, respaldo y reconocimiento a Doña Vilma (Núñez) y todo el personal del CENIDH, de los colegas del IEEPP, CISAS y Hagamos Democracia. Me enorgullece estar en la lista de los que hoy serán despojados por el régimen corrupto de Ortega Murillo: Fundación del Río, IPADE, Instituto de Liderazgo de las Segovias y Popol Na. ¡Fuerza Nicaragua!”, afirmó Montenegro en sus cuentas en redes sociales.
Personerías restablecidas tras caída de dictadura
Las personerías jurídicas al INDE y a la Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua fueron restauradas el tres de agosto de 1979, mediante el decreto 29 de la Junta de gobierno de Reconstrucción Nacional, integrada por Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez, Alfonso Robelo Callejas, Moisés Hassan y Daniel Ortega.
En los considerandos de la resolución, todos los firmantes explicaron que la decisión la tomaron basados en los lineamientos básicos de su programa de Gobierno, en el cual en el área política figuró “la derogación de las leyes represivas especialmente aquellas que atentan contra la dignidad e integridad de las personas”.
Así las cosas, los miembros de la junta ordenaron la derogación del acuerdo Ejecutivo No. 162 del 29 de Agosto de 1978, El Decreto Legislativo No. 163 del 31 de Agosto de 1978, publicados en La Gaceta en sus ediciones del 29 de Agosto, 30 de Agosto y del 2 de Septiembre respectivamente.
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La actuación de la dictadura contra el INDE fue relatada por la misma institución empresarial en su memoria del 50 aniversario cuando enumeraron sus posiciones críticas al gobierno como la condena enérgica al asesinato del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, así como su participación en la huelga nacional de entonces.
“El INDE también cuestionó al gobierno (de Somoza) en el caso de Copalar, que pretendía ser manejado como negocio propio del gobernante. Asimismo, un cuatro de agosto el INDE publicó un comunicado respaldando la posición del Arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, quien exigía la renuncia de Anastasio Somoza del poder”, se señala en la memoria institucional.