Mientras Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron este lunes su presión contra el régimen de Daniel Ortega para que cese la represión y desarme a los paramilitares, la Organización de Estados Americanos (OEA) condicionó su participación en las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura, a que se liberen a los autoconvocados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya calificados como presos políticos.
Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, esa cifra asciende a más de 700, de los cuales más de 600 continúan en las cárceles de la dictadura y la mayoría de los 162 excarcelados que tienen régimen de “convivencia familiar”.
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La participación de la OEA en el diálogo es fundamental, porque daría credibilidad ante la comunidad internacional sobre lo que ambos bloques pacten en la mesa, en momentos que penden varias amenazas de sanciones económicas y financieras contra Ortega, su familia y sus allegados.
OEA sería “testigo y acompañante”
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dirigió una carta al canciller de la República, Denis Moncada Colindres, en la que le manifiesta que “resulta prioritaria la liberación de los presos políticos”, para asegurar la presencia del organismo como “testigo y acompañante internacional” en las negociaciones, que actualmente se encuentran estancadas por la negativa del régimen de liberar a los presos políticos.
Almagro agregó en la misiva que es “fundamental (…) la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos”.
En la misma misiva, con fecha del 15 de marzo, Almagro le respondió al régimen que oficialmente quedó Luis Ángel Rosadilla designado como testigo y acompañante internacional de las negociaciones, pero se entiende que su participación se activará cuando se cumpla con la condición solicitada por el secretario general de la OEA.
LA PRENSA conoció de manera extraoficial que ya se está negociando un calendario para la liberación de los presos, pues no los excarcelarán a todos de una vez, lo que permitiría que se retomen las conversaciones.
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Además explicó que los dos asesores que acompañarán a Rosadilla serán nombrados próximamente por temas específicos.
Rosadilla se encuentra en el país desde el lunes 11 de marzo, para evaluar y explorar la posible participación de la OEA, a través de una serie de reuniones con diferentes sectores del país.
UE exige desarme de paramilitares
Y mientras la OEA presiona por la liberación de los reos políticos, la Unión Europea (UE), además de exigir el fin de la represión, urgió al desarme de los paramilitares.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, pidió el desarme de los grupos paramilitares. También dijo, mediante su portavoz, que la UE espera que el Gobierno y sus fuerzas de seguridad pongan fin a cualquier represión.
“La UE espera que el gobierno y sus fuerzas de seguridad pongan fin a cualquier represión y garanticen el pleno respeto de los derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión y reunión, así como la libertad de prensa.
Todos los grupos paramilitares deben ser desarmados y disueltos urgentemente. Solo un diálogo creíble e inclusivo puede resolver la actual crisis política del país. La UE hace un llamamiento a todas las partes para que continúen sus esfuerzos y tomen medidas genuinas y constructivas con ese fin”, manifiesta el comunicado.
La Comisión de Asuntos Exteriores es la que decidirá si implementa la resolución adoptada la semana pasada por el Parlamento Europeo (PE) que pide a la UE sanciones individuales para los funcionarios orteguistas e instan la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y América Central, lo que suspendería a Nicaragua de este convenio.
EE.UU. mantendrá presión
Por su parte, Estados Unidos dijo este lunes que no descartaba otras opciones para resolver la crisis de Nicaragua, entre estas la militar, según declaró este lunes en Madrid, España, el embajador Todd Robinson, enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica.
Robinson se reunió este lunes con representantes del gobierno español, entre los que mencionó al director de Asuntos Económicos de La Moncloa, Manuel de la Rocha-Vázquez, como parte de sus contactos con los aliados europeos para analizar el conflicto interno en Nicaragua.
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Igual que hiciera la pasada semana en Bruselas, el representante del Departamento de Estado insistió ayer en que EE. UU. apoya el diálogo en Nicaragua; en que continuará las sanciones contra el régimen que encabezan el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y en que Washington pide “elecciones prontas, libres y justas”.
El embajador estadounidense explicó que Washington trabaja junto a varios países occidentales, europeos y asiáticos para “defender los derechos humanos como único camino aceptable hacia la democracia y el desarrollo económico sostenible” frente al autoritarismo que vive el país desde hace doce años.
Robinson consideró que, “sin embargo, el régimen de Ortega continúa optando por la represión y la violencia sobre los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”.
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De momento, Estados Unidos continúa aplicando y defendiendo una política de sanciones, de retirada de visados a dirigentes de Nicaragua y de restricción a las inversiones en el país por parte de las instituciones financieras internacionales.
El enviado especial de Washington acusó a Ortega de “plantear este conflicto como una clásica lucha ideológica entre Nicaragua y Estados Unidos”.
“No es el caso. El conflicto de Daniel Ortega es con su pueblo y con los deseos de este de vivir en democracia y en libertad”, dijo Robinson.
Liberación de los presos
Además, el Gobierno de Estados Unidos se unió al clamor de la liberación de los presos políticos.
“Exigimos al régimen de (Daniel) Ortega la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente; respeto a la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse a reformas electorales y a celebrar elecciones anticipadas, libres y justas”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Robert Palladino.
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En la nota, Palladino recordó el arresto “arbitrario de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia contra medios de comunicación independientes el 16 de marzo” y aseguró que su país continuará pidiendo que rindan cuentas aquellos que han mostrado una “falta de consideración flagrante hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Los opositores a Ortega intentaron manifestarse el sábado reciente en Managua para pedir la liberación de cientos de “presos políticos”, pese a la prohibición de las fuerzas policiales orteguistas de realizar la protesta porque, a su juicio, constituía “la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas”.
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Palladino reiteró el apoyo de EE. UU. a la opositora Alianza Cívica y al pueblo nicaragüense “en su afán para restaurar la democracia por medios pacíficos”.
Régimen niega presos políticos
El régimen de Ortega y Murillo negó que tenga más de setecientos presos políticos, pero no demostró elementos que refuten el listado del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y de organismos de derechos humanos que sí sostienen los centenares de detenidos por participar en las protestas ciudadanas.
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Este lunes, el canciller y jefe de la delegación de la dictadura en las negociaciones, Denis Moncada, dijo que “es falso el dato de más de setecientos presos” políticos que la Alianza Cívica reclama sean liberados.
“En su momento el Sistema Penitenciario dará a conocer los datos objetivos sobre los presos (políticos)”, dijo Moncada. Sin embargo, hasta el final del día ese reporte no había sido publicado.
Moncada afirmó que todas las personas que fueron detenidas el sábado pasado por, según él, “violentar la ley” fueron liberadas por gestión del nuncio apostólico, Waldemar Sommertag.