Un año después del inicio de las protestas, Carlos Pavón revisa fotografías y las coloca sin ningún orden sobre el planchador cubierto con tela café en su casa. Son imágenes de su hijo asesinado, víctima de la masacre.
En algunas de esas fotos, el orgulloso padre carga a Richard Eduardo, siendo un bebé–después del bautizo– y en otras el chavalo está con su toga y birrete en la graduación de la primaria.
El progenitor, la esposa Maricruz Bermúdez Medrano, dos hijas y el muchacho son los protagonistas de las imágenes. Una familia, en que el joven se caracterizó por su carácter juguetón, un “farandulero” según su padre, de cuyas bromas no se escapaba ni la madre cuando salían al parque de Tipitapa, su ciudad; ubicada al noreste de Managua.
La quietud de esas fotos esconde una tempestad. Otra imagen muestra el rostro pálido, ya sin vida, el joven sin camisa, yerto sobre una camilla.
–Yo veo sus fotos en vida, ya fallecido igual, día a día yo lo recuerdo—se repite.
LA PRENSA/U.MOLINA
Al asomarse a cada episodio, Pavón, de 39 años, también lo hace al horror que lo desgarra solitario en su casa de paredes naranja, sin muchos ornamentos más que algunas fotos pidiendo justicia por su hijo. Era estudiante de secundaria el día en que se convirtió en el primer muerto en las protestas en Nicaragua, las cuales iniciaron el 18 de abril del año pasado, un día antes del crimen.
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Los asesinatos del mismo día
Las autoridades informaron de dos muertos más el día que Richard cayó. A kilómetros de distancia, en el sector aledaño a la Universidad Politécnica en Managua, que estuvo ocupado por estudiantes y miembros de barrios aledaños durante 51 días en protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, murió el trabajador de un supermercado cercano, Darwin Urbina, de 29 años.
El crimen de Darwin fue visto en redes sociales por sus familiares, según reportaron ellos a los medios de comunicación en ese momento. El joven murió, cuando al intentar cruzar la calle se cubrió con una lámina y fue impactado por el disparo de un policía, según un testigo en el sitio.
“Desde la otra calle, nos disparaban hasta el momento que se acercaron y llegaron al inicio de la calle. Había unos escombros de construcción. Todo estaba oscuro; nos escondíamos ahí. En una de esas, Darwin agarró unas láminas de zinc y se cubrió la cara y el pecho para cruzarse al otro lado. Miré cómo de una escaleras de concreto salió el policía y le disparó y él lo hizo dar vueltas de 360 grados en el aire, yo miré todo eso”, confirma Fidel Espinales, actualmente en el exilio.
LA PRENSA/ARCHIVO/O. NAVARRETE
La familia de Urbina no habló para este reportaje. Visiblemente afectada, la madre del joven se disculpó. “No estoy nada bien con la muerte de mi hijo, me ha traumado bastante”.
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También falleció esa misma noche el policía Hilton Manzanares Alvarado que era parte del grupo de oficiales que llegó a reprimir. El caso del agente de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) plantea muchas dudas sobre quién o quiénes pudieron ser los autores del crimen, aunque la Policía haya inculpado en un comunicado a “vándalos”.
Las tres historias son hoy un buen retrato de un país que vive bajo el miedo de la represión, con más de 60 mil personas exiliados, y con gente desafiando al poder omnímodo del partido que es el brazo en el territorio de Ortega.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 325 personas murieron por la represión que causó también miles de heridos y centenares de presos políticos.
Así mataron al estudiante
–Yo le decía mi pajarito— afirma Carlos Pavón este viernes 12 de abril. La temperatura acaricia los 35 grados centígrados, a las puertas de Semana Santa, vive su propio vía crucis.
Pasadas las siete de la noche el 19 de abril de 2018, después de una jornada de trabajo de más de 1, 200 ruedos en una fábrica de zonas francas de las tantas que hay instaladas en Nicaragua, Carlos Pavón solo quería descansar. Llegó a casa, encontró a su esposa Maricruz indispuesta, enferma.Ella trabaja en una cartonera cercana. Él le preguntó por Richard.
La información que tenían ambos padres es que el muchacho andaba en prácticas de una comparsa independiente, algo que le gustaba y por lo que llegaban a buscarlo, pero no eran tiempos normales en Tipitapa, igual que en el país.
Las calles se encontraban bloqueadas por las protestas nacientes contra las reformas a la seguridad social que Ortega quiso imponer sin consulta. Uno de quienes se manifestaba a favor de los ancianos era Richard sin que lo supieran sus padres.
Carlos Pavón fue adonde vive su madre, en una casa cercana, y estaba cenando ahí cuando amigos de su hijo lo llegaron a buscar para decirle que el joven estaba en el hospitalito Yolanda Mayorga, a unos kilómetros de distancia. Lo habían herido de bala.
–Nosotros no nos dábamos cuenta de lo que pasaba en el país, yo incluso ese día me quedé haciendo unos extras. A mis hijas las miré con una hermana mía cerca del INSS—explica el padre, que asegura que tiempo después los amigos de Richard le contaron de su apoyo a las protestas.
Cuando llegó al sitio adonde estaba su hijo, no había perdido las esperanzas. De sopetón, la mujer que estaba en la antesala lo aterrizó.
— Lo siento mucho–le dijo. Llorando, él atinó a preguntar, incrédulo de que le estuviese pasando, si se trataba de una broma; en el pasillo sobre una camilla, sin embargo, estaba el muchacho con heridas por todo el cuerpo, según su padre. “Él tenía muchos impactos de bala. En lo que era la espalda, él tenía cinco orificios de salida y aún en el brazo tenía un proyectil”, aseguró.
Las balas que lo asesinaron salieron de la Alcaldía de Tipitapa, en poder del FSLN. Sus familiares lo acompañaron al pie de la camilla del muchacho. Más tarde llegó el equipo de investigadores policiales y la ministra de salud, Sonia Castro, a quien le habían informado que Richard era miembro de la Juventud Sandinista.
Castro ha sido cuestionada, desde la crisis que inició en esos días, porque dio la orden de que no se atendieran en los hospitales a las víctimas de la masacre del régimen. Carlos Pavón aclara que, aunque la Juventud Sandinista buscaba a su hijo, porque precisamente a él le gustaban las comparsas, eso no significa que fuera de esa estructura partidaria.
La promesa de Sonia Castro
En esa larga noche del 19 de abril, la Policía les presionó para que mandaran al hijo al Instituto de Medicina Legal para que le hicieran la autopsia. Ellos no querían y la ministra los apoyó.
“Castro nos dijo: no hay problema si ustedes no quieren, ¡no quieren! Claro que vamos a hacer justicia, pero no sé para mí fue al escuchar que era de la juventud”, dice Pavón.
Aceptó, pero la justicia nunca llegó y la sigue esperando. En los medios oficialistas, La Policía identificó al muchacho como “activista sandinista” y Murillo lo llamó hermano en su comparecencia. Un día después de estas muertes, dijo que el país estaba viviendo “trágicos y dolorosos momentos donde la cizaña intoxica algunos corazones y donde la ambición puede cegar. ¡La ambición ciega!”.
Con los otros fallecidos también mintió la dictadura, respaldando la posición de la Policía—su brazo represor– que acusó de la muerte del agente Manzanares a un grupo de “vándalos” como empezaron a llamar a manifestantes durante meses.
El empleado del supermercado, Darwin Urbina, Murillo lo identificó como “trabajador del Distrito V de Managua”. Dijo que 28 policías fueron lesionados en las protestas que consideró un asedio a la paz y la seguridad, el mismo discurso que el régimen mantiene hasta ahora un año después que iniciaron las manifestaciones.
Murillo es la número dos de un régimen que fue señalado por la comisión de crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos independientes, entre ellos el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por un acuerdo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Nicaragua, presionado por la comunidad internacional tras las graves denuncias por abusos a los derechos humanos.
¿Quién mató al policía?
En la comunidad de Lechecuagos, ubicada a cuatro kilómetros de León, en el occidente del país, en un pequeño cementerio junto a la escuela Fe y Alegría está la tumba enflorada Hilton Rafael Manzanares, ascendido al grado de capitán por la Policía tras su fallecimiento. Este es el sector de la comunidad conocido como la Ermita.
Luz Marina Montoya, la madre del oficial asesinado, vende chancho con yuca y golosinas frente al colegio. Ella se niega a dar entrevistas para hablar sobre la personalidad de su hijo cuando se le explica que se trata de un equipo de reporteros de LA PRENSA.
“Yo estoy muy afectada”, se excusa. Llama por teléfono a otro hijo, le consulta y aquel rechaza nuevamente la solicitud, mientras ella pregunta los nombres de los reporteros y los anota en un cuaderno.
Junto a Montoya, está un joven rapado, que viste short, se moviliza en una moto y tiene tiempo para seguir el vehículo en que nos movilizamos, o para ir a la escuela a pedir que no den ninguna información del joven asesinado. Finalmente gana el miedo. De esas aulas, recomiendan al equipo periodístico que lo mejor es irse por “seguridad”.
Lechecuagos es un sitio generalmente de fincas, no es urbano, donde la gente trabaja y vive de sus labores en el campo. Otra de sus características es que hay muchos policías entre los miembros de esta comunidad, una tradición que parece frecuente cuando los jóvenes salen de secundaria.
“Si querés formar un batallón ándate a los Leches (lechecuagos)… Siempre encontrás a alguien ahí que es Policía”, explica un amigo de infancia del oficial asesinado, que aceptó conversar, pero bajo la condición de anonimato.
Según este amigo, en la finca de los Manzanares no los recuerdan como chavalos violentos, aunque reconoce que los familiares del policía asesinado son respetados porque “son grandes, bien desarrollados. Ellos no son de enemistades”, aclara.
“Ellos, los Manzanares, se criaron con la venta de la señora enfrente del colegio. No se criaron con el papá. Ella (la madre) fue siempre esforzada, vendía chancho con yuca, caramelos, golosinas, que los niños del colegio llegaban a comprar. El papá se llama Gregorio”, agrega.
La viuda de Hilton Manzanares, Yudelia Eliette Pérez Arrieta, declaró ante el juez que el día de su muerte al agente lo llamaron para que se presentara a su trabajo a las 4:40 de la tarde. Murió a las 9:20 pm. Veinte minutos después llamarían a la familia, informándoles de su fallecimiento.
Por el asesinato fue condenado a 90 años Carlos Bonilla a quien la Policía apodó el “conejo”, sin embargo el informe del GIEI, que investigó lo ocurrido en el país entre el 19 de abril y el 30 de mayo, reveló varias inconsistencias que dejan dudas clara sobre su supuesta culpabilidad.
“Las debilidades en la prueba aportada durante el debate, especialmente el dictamen de trayectoria balística, generan serias dudas sobre su culpabilidad. Por otra parte, las autoridades encargadas de la investigación no agotaron todas las líneas de investigación, por ejemplo, no indagaron si el disparo pudo provenir de los otros oficiales que se encontraban presentes esa tarde en ese lugar”, señalan.
Varias inconsistencias
A lo largo de sus 251 páginas del informe, se plantean estas observaciones: El disparo contra el agente fue por la espalda, la escena del crimen se procesó hasta las tres de la mañana del 20 de abril, la única evidencia en el sitio fueron manchas de sangre en una pared donde supuestamente se recostó la víctima, no se recolectó evidencia balística, la camisa de la víctima fue mal embalada, y se determinó que el arma usada contra él fue una 9 mm, sin embargo no “hallaron” casquillos.
El informe indica también que no se allanó la casa del supuesto responsable y que tampoco se investigó a los policías que acompañaban a Manzanares.
“De la misma manera, en la muerte de Hilton Manzanares, si bien se afirma que iba con otros nueve policías, únicamente declararon dos, faltó escuchar a los otros siete, quienes supuestamente presenciaron el hecho. Tampoco se ubicaron vecinos del lugar que podrían haber visto o escuchado algo”, sostiene.
Las incongruencias son más. El GIEI reconoce que no se formuló una hipótesis alternativa. “La evidencia encontrada en el cuerpo de Hilton Manzanares no se cotejó con las armas asignadas a los policías de la DOEP que estuvieron presentes esa noche. Aunque ellos mencionan que no iban armados hubiera sido necesario realizar el cotejo con las armas de fuego asignadas de acuerdo a los registros internos”.
Un año después del inicio de las protestas, el padre de Richard, Carlos Pavón, recuerda en Tipitapa que fue la Policía la que le insistía que necesitaban realizar una autopsia y todo lo necesario para que el caso de su hijo no quedara en la impunidad.
“Es lamentable y doloroso ver tanta injusticia en este país, simplemente por un poder donde yo creo que ya tiene suficiente dinero, no sé cuál es la ansia de seguir eso. A veces como padre, digo porque, yo como pobre y acá donde me miran tengo tres hijos, como pobre ganando en zona franca, un salario de 1, 200 y 1, 800, 2000 córdobas, cómo pasamos, ahora ellos con sus grandes salarios, no les importa derramar tanta sangre y es indignante”, dice este hombre. A unos metros están las fotografías.
El discurso de odio de Murillo
Durante la crisis, causada por la represión del régimen, el discurso de Rosario Murillo, la número dos del régimen de Nicaragua, buscó la construcción de un enemigo según el informe del GIEI. El veinte de abril, cuando informó sobre las primeras muertes del día anterior, la vocera calificó como crímenes de odio a los casos ocurridos, e insistió en describir las protestas pacíficas como un ambiente de “aguas revueltas y enturbiadas”, mientras advirtió que la responsabilidad recaería sobre aquellos “que, con alevosía, agitan y alientan sin dar la cara; aquello que desconocen el daño que hacen a Nicaragua y al pueblo nicaragüense”. La represión fue ejecutada tanto por policías como paramilitares a lo largo de meses.