A cualquier funcionario o empleado de empresa privada que no cumple sus obligaciones se le despide de inmediato, porque hay un principio de responsabilidad que debe cumplir toda persona que contrae una obligación contractual y, por lo tanto, un empleo de cualquier naturaleza.

El derecho común distingue entre la irresponsabilidad no culpable (involuntaria, por descuido) y la irresponsabilidad culposa, que es cuando se incurre en ella de manera deliberada. Y en este caso el irresponsable no sólo debe ser despedido sino que se puede hacer acreedor inclusive a una sanción penal.

Al cumplimiento del principio de responsabilidad están obligados no sólo los funcionarios y empleados de las empresas privadas, sino también los del sector público, hasta los más encumbrados: Presidente y Vicepresidente de la República; diputados, ministros, presidentes y directores de entes autónomos, magistrados y contralores.

Éstos, además, por representar y administrar los intereses públicos, tienen todavía más obligación de ser responsables. Pero en la práctica y en su mayoría son los más irresponsables y actúan como si el Estado fuera un botín que les pertenece por “derecho” de conquista.

Por ejemplo, los diputados en lo que va de este año apenas han aprobado un par de leyes importantes y ni siquiera han podido escoger al Procurador y al Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Política de la República, esos funcionarios son nombrados por la Asamblea Nacional, así como los magistrados de justicia y electorales, contralores, el fiscal y superintendentes de bancos y de pensiones. Pero la Procuraduría y la Subprocuraduría de Derechos Humanos están vacantes desde el mes pasado porque los diputados no cumplen con su deber de nombrarlos. Y nadie puede hacer nada ante ese incumplimiento deliberado de la responsabilidad parlamentaria, que es además una violación constitucional que en cualquier parte del mundo es un delito que se castiga al menos con la destitución del o de los delincuentes.

En realidad, técnicamente todos los nicaragüenses están en indefensión por la irresponsabilidad de los diputados, aparte del daño directo que causan a los empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes no pueden ni recibir sus salarios por falta de los titulares de la institución. Y cabe preguntarse al respecto: ¿pasaría igual con empleados del sector privado que dejan de cumplir una responsabilidad causando graves daños a sus empleadores y a terceros?

Según la misma Constitución (artículo 131): “Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones… La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”; y agrega que: “Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.

Pero es obvio que el pueblo y la Constitución no les importa para nada a los diputados, sean del PLC o del FSLN, Camino Cristiano o bancada Azul y Blanco; lo cual significa que el problema no es ideológico, porque los diputados son de derecha o de izquierda. El problema es cultural, y ante todo de la corrupción que ha carcomido principios, valores, sentido de responsabilidad, orgullo profesional y ética política.

De manera que no sólo los diputados violan el principio de responsabilidad y la norma constitucional. Lo mismo hacen los magistrados de justicia y electorales, los contralores y prácticamente todos o casi todos los altos funcionarios del Estado.

Y lo peor de todo es que ni siquiera se vislumbra la posibilidad de que tan vergonzosa situación pudiera cambiar, pues las amplias masas siguen creyendo en los partidos caudillistas y no hay todavía una verdadera alternativa para la recuperación de la responsabilidad política y la dignidad nacional

“Principio” de irresponsabilidad