Nuestro Mundo
Parque de mamíferos
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Tiene 3.4 millones de hectáreas cuadradas, un refugio de jaguares, pecaríes de labios blancos, guanacos, pumas, ciervos y tapires. También abundan en la zona reptiles y pájaros. |
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John Roach
En la desértica región del extremo sureste de Bolivia, hay un parque que alberga la mayor variedad de grandes mamíferos de América Latina. El parque, un proyecto de conservación de la población indígena Izoceno, ha capturado la atención mundial.
“El parque sigue siendo la única zona protegida en América, creado a través de una iniciativa de una organización indígena”, dice Michael Painter, director del programa de Bolivia de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (SCVS), con sede en Nueva York, que ha ayudado a administrar el parque desde su creación en 1995.
El vasto Parque Nacional Kaa-Iya, del Gran Chaco, que consta de mas de 3.4 millones de hectáreas cuadradas, es una región seca donde abundan los matorrales. Las precipitaciones pluviales son inferiores a los 50 centímetros anuales, y las temperaturas superan con frecuencia los 30 grados centígrados.
REPTILES Y PÁJAROS
El parque es un refugio de jaguares, pecaríes de labios blancos, guanacos, pumas, ciervos y tapires. También abundan en la zona reptiles y pájaros.
“Muchos mamíferos se han adaptado a las partes más secas del Chaco y pueden resistir sin agua durante varios meses al año”, dice Painter. “Tapires, pecaríes y ciervos parecen sobrevivir en base a cactus, en tanto carnívoros como el jaguar y el puma sobreviven extrayendo fluidos de sus presas”.
Los izocenos que viven en el parque o en sus inmediaciones crearon el parque y negociaron un acuerdo con los propietarios de un oleoducto que atraviesa la zona.
El Chaco se extiende a través del sureste de Bolivia, Paraguay, el norte de Argentina y Brasil, pero gran parte de la tierra es utilizada en tareas agropecuarias. La capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI), una comunidad de los izocenos, reconoció que la frontera agrícola amenazaba tierras del Chaco que los indios consideran muy importantes a nivel cultural y económico.
SCVS sumó esfuerzos con CABI en 1991 para crear una zona de protección. La colaboración retribuyó beneficios cuando el gobierno boliviano estableció el parque Kaa Iya park en 1995 y aceptó co-administrar las tareas con CABI.
El acuerdo del parque Kaa Iya “debe ser aplaudido y respaldado”, dice Patricia Caffrey, quien estuvo previamente con el Fondo de la Vida Silvestre en Bolivia y ahora está con el grupo Salven a los Niños, que tiene su sede en Washington, D.C.
PRESIONES DE MULTINACIONALES
La preocupación de Caffrey es determinar cómo el parque, rodeado por tierras y por CABI, resiste a las presiones de empresas de petróleo y de gas, y a colonos ávidos de tierras.
El oleoducto de gas de 3,000 kilómetros de extensión entre Bolivia y Brasil, propiedad de las empresas Gas TransBoliviano y la empresa de Transporte de Gas de Brasil, atraviesa la parte norte del parque, amenazando la biodiversidad y afectando a territorios indígenas al Oeste y al Este.
Se habían elaborado planes para trazar la ruta del oleoducto antes de que se creara el parque. Con la ayuda de SCVS, CABI negoció un acuerdo por el cual las empresas que construyeron el oleoducto aceptaron la responsabilidad por el impacto que tendrían sus operaciones en la población local y en las tierras.
El acuerdo incluye un fondo fiduciario que ayuda a financiar las operaciones del parque y un programa que permite a la población local asegurar títulos de propiedad de tierras adyacentes al parque. Pero el acuerdo ha causado controversias. Para defensores de los derechos de los indígenas, permitir que el oleoducto atraviese la zona establece un peligroso precedente.
“Las normas tendrían que ser las de impedir todo ingreso a las zonas protegidas, y no usarlas como proyectos para ganar dinero”, dice Atossa Soltani, director ejecutivo de AmazonWatch, una organización de protección del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, con sede en Malibú, California.
EL OLEODUCTO
Caffrey está de acuerdo con Soltani. Para Caffrey, el “acuerdo” por cuatro millones de dólares, no puede cubrir el impacto causado por el oleoducto.
Pero Painter defiende el acuerdo. “El principal objetivo es establecer un marco para una relación constante con los patrocinantes del oleoducto, a fin de asegurar que se lidiara con las consecuencias a largo plazo”, dice. “El esfuerzo fue exitoso en su mayor parte”.
CABI y Gas TransBoliviano colaboran en administrar el derecho de preferencia del oleoducto. Ambos son miembros del directorio de una fundación que crearon para respaldar la conservación del parque y de la zona circundante.
Hasta el momento, dice Painter, el derecho de preferencia se ha convertido en un camino (a través del cual las empresas realizan tareas de mantenimiento) y el programa de tierras ha asegurado que especuladores de afuera no puedan apoderarse de tierras indígenas.
El programa ha entregado títulos de propiedad de unas 150,000 hectáreas de tierras indígenas a mas de 40 comunidades chiquitanas, y 330,000 hectáreas a CABI. Hay otro medio millón de hectáreas destinadas a CABI, pero el ejército de Bolivia dice que es propietario de esa zona y desea emplearla para desarrollar la agricultura. Painter confía en que CABI, tras haber enfrentado tantos desafíos, pueda también lidiar con éste.
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