Los vetos presidenciales
El presidente Enrique Bolaños dirigió el martes de esta semana un mensaje a la nación, para explicar las razones que tuvo para vetar cuatro proyectos de ley recientemente dictados por la Asamblea Nacional: dos para indultar a personas que fueron condenadas por cometer delitos de narcotráfico y/o lavado de dinero; el proyecto de Ley de Carrera Judicial; y el aumento del cuatro y medio al seis por ciento en las transferencias del Presupuesto General de la República a los gobiernos municipales.
Los razonamientos que expuso el titular del Poder Ejecutivo para justificar los vetos mencionados son, a nuestro juicio, correctas. Primero porque es una barbaridad de los diputados indultar a personas condenadas por narcotráfico y lavado de dinero, que son delitos de máxima gravedad. Precisamente por eso es que la Ley 285, que fue dictada por la misma Asamblea Nacional, señala que los reos condenados por tales delitos no podrán gozar de libertad condicional, indulto ni amnistía.
En realidad, la aprobación de una ley de indulto a reos por narcotráfico y lavado de dinero es una maniobra de las cúpulas del PLC y el FSLN para justificar un próximo indulto o amnistía en favor de Arnoldo Alemán, quien, como es bien sabido, está condenado a 20 años de prisión pero no por corrupción en general sino específicamente por lavado de dinero. De manera que hizo bien el presidente Enrique Bolaños, al vetar esos proyectos de ley, pues de otro modo hubiera sido considerado corresponsable de la triquiñuela legal en favor de Arnoldo Alemán.
Por otro lado, también era necesario vetar el proyecto de Ley de Carrera Judicial porque tal como fue aprobado por los diputados del PLC y el FSLN, esa ley prácticamente sólo servirá para legitimar el control político que estos partidos ejercen sobre el Poder Judicial. Y por lo tanto hubiera sido indecoroso para el Presidente de la República sancionar y promulgar semejante aberración legislativa.
También es razonable el argumento del presidente Enrique Bolaños para justificar el veto al proyecto de ley de incremento del cuatro y medio al seis por ciento en las transferencias presupuestarias a los municipios. En este caso no se trata de que las administraciones municipales no necesiten más dinero. Lo que pasa es que el aumento de las transferencias que aprobaron los diputados sin tener en cuenta las consideraciones del Poder Ejecutivo, que es el que administra los recursos financieros de la nación, causará un desequilibrio de por lo menos 185 millones de córdobas en las contrapartidas nacionales para los programas de reducción de la pobreza que son financiados con fondos externos.
Es cierto que el PLC y el FSLN pueden y seguramente van a rechazar los vetos presidenciales. Pero eso no debe entenderse como una derrota del Poder Ejecutivo sino más bien como una victoria moral del presidente Bolaños, quien debe responder por los intereses nacionales y denunciar las malignas consecuencias del pacto libero-sandinista.
El veto presidencial está consignado en la Constitución como un principio fundamental de la democracia, precisamente para ser aplicado en casos y situaciones como éstas. En general, la naturaleza democrática del veto deviene desde su mismo surgimiento histórico —en la antigua Roma —, como un recurso de los tribunos de la plebe para enfrentar las decisiones arbitrarias del senado romano. O sea que el veto es de genuina estirpe democrática y en la época moderna se instituyó para procurar el equilibrio entre los poderes públicos, como medio de control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo cuando éste, como el antiguo senado romano, se ensoberbece y dicta legislaciones que atentan contra el interés social.
De manera que el Presidente no debe temer que los diputados arnoldistas y sandinistas le rechacen estos vetos, ni se debe dejar chantajear por las amenazas de destitución y de alteración de la institucionalidad democrática del país.
En todo caso, no es cierto que el objetivo fundamental del Presidente de la República sea el de completar a como sea el período para el cual fue elegido. Su obligación primordial es defender los intereses nacionales y cumplir el juramento de principios que hizo al asumir su alto cargo.
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