Instan a “pacto de la propiedad”
José Adán Silva
El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, propuso ayer a todos los sectores involucrados en la búsqueda de una solución al conflicto de la propiedad, llegar a un “pacto de buena fe” para darle fin al problema.
La propuesta se dio durante la inauguración de una mesa de trabajo integrada por sectores productivos, instituciones estatales y de la sociedad civil involucrados, de diferentes formas, en el conflicto de la propiedad que tras 14 años, desde el fin de la guerra civil, ha significado el pago de mil millones de dólares por parte de los diferentes gobiernos.
Para el magistrado Rosales es necesaria la creación de una nueva Ley de Registro de la Propiedad, que sustituya a la vigente desde 1904; paralelamente propone una ley de saneamiento de la propiedad que vaya solucionando los conflictos por medio de la mediación y el diálogo, como ha ocurrido en un proyecto piloto de Chinandega, Estelí y Madriz, donde se han solucionado cerca de 900 casos por medio del diálogo.
A la par de las innovaciones jurídicas, según Rosales, la mesa de la propiedad debe conllevar a un diálogo que a su vez termine en un pacto social sobre la propiedad “guste o no guste el término”.
“Desde que la sociedad existe es producto de un pacto, lo mismo que todas las instituciones, entonces la mesa de la propiedad debe llevar a un acuerdo para ponerle punto final al problema con buena fe de los que participen, y eso quiere decir que mañana no vayan a objetar ese mismo pacto a como lo han hecho con los otros pactos que han habido y que se han elevado a rango de leyes”, dijo Rosales.
PACTO DA MIEDO
La propuesta de un pacto para solucionar el conflicto de la propiedad, no cayó en gracia para algunos sectores que participaban en la mesa de la propiedad, principalmente entre quienes reclaman propiedades al Estado.
Una de las que más criticó la propuesta fue Blanca Buitrago, presidente de la Asociación de Confiscados de Nicaragua Arges Sequeira, quien dijo que “no me hable de pacto, esa palabra es como la muerte, de puros pactos nos estamos hundiendo y el pueblo ya no quiere pactos”.
HISTORIAL
Desde el fin de la guerra civil, en 1990, han pasado 14 años sin que el problema de la propiedad se resuelva y ha ocasionado gastos al Estado y demanda de justicia de varios sectores, incluyendo confiscados, beneficiados y ex miembros de la Resistencia que reclaman tierras.
En junio de 2002, el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos dio a conocer el tercer censo nacional agropecuario donde se reveló que el 25 por ciento del total de tierras explotadas están sin respaldo jurídico.
De acuerdo con este censo, de 8,935,020 manzanas de tierras explotadas, 2,537,545 están sin títulos de propiedad que les den respaldo jurídico.
MAFIAS DE TIERRAS
El funcionario del viceministerio de la Propiedad, Tomás Delaney, denunció que han detectado organizaciones dedicadas al tráfico de tierras. Dijo que algunas han sido denunciadas y hasta les han congelado cuentas por más de C$800 mil.
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