En medio de un paquete de leyes que incluye una reforma constitucional de dudosa legitimidad, los diputados están discutiendo actualmente una iniciativa de ley que a primera vista pareciera ser positiva. Se trata de la iniciativa de Ley Reguladora de los Intereses de las Tarjetas de Crédito, que supuestamente es una respuesta del Poder Legislativo a las protestas por los altos costos que conlleva el uso de este instrumento de pago que se ha difundido ampliamente, estimándose que hay ya más de 200,000 tarjeta-habientes en Nicaragua.

En realidad, tener una tarjeta de crédito es ahora algo tan común y corriente como poseer un teléfono celular. Y no cabe ninguna duda de que la tarjeta de crédito ofrece ventajas no sólo a los bancos que hacen negocio con ellas, sino también a los tarjeta-habientes, que se ahorran el peligro y la incomodidad de cargar dinero en efectivo, que pueden adquirir a crédito diversos bienes y servicios, que no pagan intereses si cancelan mensualmente su consumo y que resuelven rápidamente alguna necesidad imperiosa de esas que se presentan cuando menos se les espera. Lo malo en este caso, como en cualquier otro, es el abuso.

Algunos tarjeta-habientes se quejan principalmente —según una encuesta de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) que publicó LA PRENSA a principios de este año—, de que les cobran altos intereses, que no se les da suficiente y clara información sobre las condiciones de pago y los cargos de servicios, y que se castiga a los fiadores cuando los titulares caen en mora.

Por su parte, los diputados que están discutiendo la iniciativa de ley para regular las tarjetas de crédito, aseguran que los intereses que los bancos cobran en las tarjetas de crédito, sobre todo por mora, llegan hasta el 70 por ciento anual. De manera que en el proyecto de ley se propone que en este caso se aplique la disposición del Código Civil acerca de que los intereses nunca no pueden ser mayores que el 25 por ciento de la deuda principal. Además, la iniciativa de ley propone suprimir la exigencia de fiador para tarjetas con techo de crédito de mil dólares, transparencia de los contratos y que los cargos que se hacen a los clientes no se apliquen de manera automática, sólo si el tarjeta-habiente está de acuerdo con ellos.

Sin dudas que es bueno que los diputados se preocupen por los tarjeta-habientes. Si bien es cierto que este tipo de crédito personal es del más alto riesgo y por lo tanto los intereses tienen que ser más altos, en ningún caso deben ser usureros y los expendedores de tarjetas de crédito deben informar de estas condiciones, con absoluta claridad, a todas las personas que las adquieran.

Pero también hay que estar claros de que los primeros llamados a controlar las tarjetas de crédito son las mismas personas que las obtienen de manera voluntaria, algunas de las cuales las usan como si fueran regalados los bienes y servicios que adquieren a crédito. Todavía hay personas que actúan conforme a la antigua pauta de la “viveza” criolla, de que regalado o fiado, hasta caer morado; o que no han superado la anti cultura de no pago que creó el régimen sandinista. Esto no cabe en las modernas relaciones financieras, inclusive las de créditos personales, que se basan en el estricto cumplimiento de los contratos, el escrupuloso respeto a la palabra empeñada y el pago cumplido de las deudas.

Sin embargo, al respecto es necesario señalar que la mayoría de los tarjeta-habientes se mantiene al día en sus cuentas y no causan perjuicios a sus fiadores. Realmente, no son más del 5 por ciento de los tarjeta-habientes los que tienen o causan problemas de morosidad por diversos motivos.

En todo caso, los diputados deberían tener mucho cuidado al aprobar esta legislación, no sólo porque podrían afectar un negocio que representa casi el 17 por ciento del total de la actividad financiera, sino que perjudicarían a muchas personas que ya no podrían ser sujetos de crédito. Imponer una regulación voluntarista de las tarjetas de crédito podría provocar distorsiones financieras indeseables y causar a los sectores que se busca proteger, males tanto o más graves que los que quieren resolver.

Control de tarjetas de crédito