Sisep y modernización del Estado
Si la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que concentrará a los entes reguladores de servicios de electricidad, agua potable y telecomunicaciones, así como a una nueva entidad estatal que se llamará Intendencia de Atención a los Usuarios o Consumidores, fuese para beneficiar a éstos y a la población en general, habría que darle la bienvenida a la ley creadora de la Sisep que los diputados del PLC y el FSLN aprobaron esta semana.
Pero, ¿es que realmente se busca beneficiar a la nación con esa ley y con la creación de nuevas entidades públicas? O, por el contrario, ¿serán estos nuevos entes burocráticos otros focos de corrupción que son creados sólo para dar más prebendas a los parásitos políticos, y por lo tanto van a causar más daños a la población?
Teóricamente parece razonable crear una superintendencia general que coordine a intendencias especializadas en cada área de servicio público. Y los legisladores nos tratan de convencer de esto, destacando las cualidades técnicas que tendrán las personas que van a ejercer las funciones de intendencia y superintendencia, aparte del requisito no establecido pero indispensable de pertenecer a la cúpula política libero-sandinista o ser recomendado por alguno de sus miembros.
Sin embargo, los requisitos que establecieron en la ley no no son los que se necesitan realmente para desempeñar apropiadamente esos cargos. Al respecto lo que han hecho los diputados es exhibir ignorancia sobre lo que legislaron, pues la regulación de los servicios públicos es una materia esencial de derecho administrativo, no de ingeniería eléctrica, ni de ingeniería civil, ni de técnicas telefónicas.
“La regulación —asegura el experto chileno Miguel Solanes en un amplio estudio que hizo en 1999 para CEPAL-ONU— es el control habitual enfocado sobre actividades importantes para la comunidad, efectuado por una entidad pública. Es un concepto legal con raíces político-económicas que derivan de la tensión entre dos extremos de la organización económica: el mercado y el interés público”. De manera que en lo que deben tener formación académica y experiencia profesional los intendentes y el superintendente de los servicios públicos es en derecho administrativo. Los ingenieros y expertos en electricidad y telefonía son, en todo caso, para atender los aspectos técnicos de la regulación y para asesorar a los intendentes y al superintendente.
De manera que es legítima la preocupación que ha causado en diversos sectores sociales la creación de estas nuevas entidades estatales. Con esto se creará más burocracia y se fomentará más corrupción, puesto que la superintendencia y las intendencias reguladoras quedarán bajo el control de los diputados y serán por lo tanto un botín para las cúpulas del Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista.
Desde el punto de vista de los intereses de la población lo cierto es que no tiene mayor importancia cuál de los poderes del Estado es el va a nombrar a los intendentes de los entes reguladores y al superintendente general de los servicios públicos. Lo importante es que sean personas idóneas, que tengan el currículo profesional adecuado y, ante todo, que sean honestas, responsables y eficientes. Lo que importa por sobre todas las cosas es que esos funcionarios velen realmente por los intereses de los usuarios y que no aprovechen los cargos para traficar y enriquecerse económicamente.
Sin duda que es necesario, apremiante inclusive, modernizar la organización estatal de Nicaragua. Y en este sentido la creación de la Sisep debería ser un paso adelante en esa dirección, ya que el ordenamiento y la regulación de los servicios públicos concesionados por el Estado es un elemento fundamental de la modernización estatal. Pero las reformas legales y constitucionales que están aprobando los diputados del PLC y el FSLN para ejecutar los acuerdos del pacto y el repacto libero-sandinista, lo menos que pretenden es modernizar el Estado y más bien lo están haciendo retroceder.
Para modernizar a Nicaragua hay que comenzar con la anulación del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, y permitir que la población elija para la Asamblea Nacional a personas que realmente valgan la pena, en todos los sentidos.
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