Somos diputados, ¡y qué!
Gabriel Álvarez Argüello
Al observar la actitud avasalladora de los diputados resulta inevitable compararla con la de aquellas pobres y sudorosas mayorías —nicolasianas o divinas— que arrasaban cuanto encontraban a su paso persiguiendo metas muy distintas de las buscadas por las actuales minorías, un poco más acicaladas y mucho menos pobres que aquéllas.
Es una manifestación más de la crisis que afecta no sólo a la Asamblea Nacional, sino a todos los poderes del Estado. Tenemos, por ejemplo, un Poder Electoral que elección tras elección comete gravísimas violaciones a la ley. Ayer le permitió votar a quienes no tenían derecho a hacerlo; hoy le impidió votar a quienes sí tenían ese derecho. En ambos casos contra disposición expresa de la Ley Electoral. Un Poder Judicial que no pocas veces ha hecho trizas los principios más elementales del derecho. Recientemente, por ejemplo, ordenó la suspensión de un acto ya no futuro, ni siquiera probable, sino solamente posible. Cuando se recupere la decencia institucional habrá que reconstruir muchas teorías jurídicas pacíficamente admitidas en el mundo entero pero que aquí en Nicaragua nadie sabe qué significan o han sido tiradas al basurero. Un Poder Ejecutivo impotente frente a esta situación, pero muy creativo para encontrar subterfugios, por ejemplo, para no entregar el seis por ciento a las universidades o el cuatro por ciento al Poder Judicial. Parece que la mediocridad intelectual y política se han enseñoreado en nuestras instituciones. Nicaragua es, hoy por hoy, el reino de la estulticia.
Pero volvamos a la Asamblea Nacional. La reciente aprobación en primera legislatura de reformas constitucionales constituye una verdadera usurpación, todavía no consumada, de la soberanía del pueblo.
Y es que el Estado nicaragüense, como todos los Estados democráticos contemporáneos, se construye sobre la afirmación de la soberanía popular y el Poder Constituyente. Esto implica, entre otras cosas, que la Constitución se puede reformar de dos maneras: total y parcialmente. La reforma total corresponde al Poder Constituyente y, por tanto, no tiene límites jurídicos. La reforma parcial corresponde a un poder constituido y sometido, por ello, a los límites formales y materiales establecidos en la Constitución por el Poder Constituyente. Los límites formales son los procedimientos de reforma. Los límites materiales están constituidos por los Principios Fundamentales que configuran el núcleo esencial del sistema político: modelo republicano, régimen presidencial, Estado unitario, economía social de mercado, entre otros. Modificar sustancialmente estos aspectos es competencia exclusiva del Poder Constituyente y de nadie más.
Por eso es que la Ley de Amparo permite la impugnación de reformas constitucionales por vicios procedimentales. Se trata, precisamente, del caso que nos ocupa. Al transformar el régimen presidencial en otro de distinta naturaleza, debió seguirse el procedimiento de reforma total y no el de reforma parcial que se siguió.
Pero, además, los ministros, embajadores y demás agraviados pueden recurrir de amparo por amenaza de violación de su derecho constitucional al trabajo. Aunque con muy dudosa fundamentación jurídica, esto es lo que afirmó el Tribunal de Apelaciones cuando no sólo dio trámite al recurso de amparo interpuesto por algunos jueces, sino que ordenó la suspensión del acto de discusión del dictamen de minoría del proyecto de Ley de Carrera Judicial porque significaba una amenaza a su derecho por parte del eventual acto administrativo de destitución. No debe descartarse que el Tribunal respete sus propias decisiones.
Por último, la sociedad civil debe impulsar desde ya una iniciativa popular de decreto legislativo para un referéndum. Ante la probabilidad de que los órganos judiciales resuelvan de cualquier manera los recursos de inconstitucionalidad y de amparo que eventualmente se interpongan, se deben ir creando las condiciones para que una vez aprobadas definitivamente las reformas, el pueblo, verdadero soberano, pueda ratificarlas o rechazarlas. Hay que dar a los diputados otra oportunidad de no despreciar la voluntad popular. Ellos deben entender que las últimas elecciones fueron para alcaldes y concejales y no para diputados constituyentistas.
Incluso la comunidad internacional tiene un rol importante que jugar. Parece que los eufemismos diplomáticos van teniendo cada vez menos cabida aunque luego se rasguen las vestiduras y rechinen los dientes, en defensa de la soberanía, quienes hoy se muestran incapaces de evitar la catástrofe.
Esta es, por lo menos, la tercera ocasión de amenaza grave a la institucionalidad democrática durante el actual gobierno, y en ninguna de las anteriores hemos podido, gobernantes y gobernados, ponernos a la altura de los acontecimientos. Pero el círculo cada vez se cierra más y hay que hacer algo con urgencia para recuperar la viabilidad de la nación.
Con todo, hoy por hoy sigue siendo insensato apoyar salidas no institucionales, pero dependerá de la clase política que esta idea no cambie. Ya es hora que piensen en las próximas generaciones y no sólo en las próximas elecciones.
El autor es catedrático de Derecho Constitucional en la UNAN-León.
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