Los impuestos y los salarios a los maestros
José Luis Medal
La Ley de Equidad Fiscal se suponía que se fundamentaba en el principio de la neutralidad fiscal, es decir en el tratamiento uniforme, parejo para todos. Las únicas excepciones a lo anterior que pudieran justificarse son la de un tratamiento fiscal especial al sector exportador —por la necesidad ineludible de reducir el gravísimo déficit comercial— y las de carácter constitucional. Estas últimas en cualquier caso no deben modificarse por motivaciones políticas y menos por represalias, como las relativas a los medios de comunicación. Cualquier reforma debe enmarcarse en claros principios de política tributaria.
Ante las demandas de los maestros, la única manera de no aumentar impuestos, es, por un lado desmantelando las excesivas exoneraciones y tratamientos especiales existentes, y por el otro, reduciendo excesivos gastos burocráticos. En la realidad, a pesar de la Ley de Equidad Fiscal no se ha hecho, ni lo uno, ni lo otro. Prevalecen numerosas exenciones, tratamientos especiales y los gastos burocráticos aunque se han racionalizado en relación a los derroches del período 1997-2001, son aún excesivos. Lo anterior, adicionado a los incrementos salariales a los maestros, amenaza con profundizar el déficit fiscal, lo que implicaría salirse del programa con el FMI, con gravísimas consecuencias para el país.
Las demandas del gremio magisterial son sin embargo justificables. En el Estado nicaragüense prevalece una marcada inequidad salarial que no se justifica por criterios económicos. En Costa Rica, El Salvador y Honduras los sueldos de los diputados, ministros o magistrados, promedian cerca de tres mil dólares mensuales y los de los maestros unos 300 dólares mensuales. Es decir una relación de diez a uno. En Nicaragua las retribuciones de diputados, ministros y magistrados, promedian cerca de 95 mil córdobas mensuales, y los salarios de los maestros son de cerca de un mil 200 córdobas al mes. No existe ninguna razón de tipo económico que justifique ese diferencial.
Los salarios se supone que se determinan por la productividad y la calificación de la fuerza de trabajo, por el nivel de responsabilidad del cargo, y por el costo de oportunidad. Los salarios del sector público deben también estar relacionados con el PIB per cápita del país. Ése no es el caso en Nicaragua. Los sueldos de los diputados, magistrados y ministros son totalmente incongruentes con el PIB per cápita nacional, que no llega a los setenta dólares mensuales, significativamente menor que el de los demás países centroamericanos.
El sueldo de un magistrado, de un diputado o de un ministro es de casi ochenta veces el PIB per cápita mensual nacional. Ello no ocurre en los demás países centroamericanos. Ni en los Estados Unidos, donde el sueldo del Presidente —460 mil dólares anuales— equivale a unas 17 veces el PIB per cápita de ese país. Es la estructura de poder y no consideraciones técnicas y económicas la que determina la estructura salarial del sector público en Nicaragua.
Nicaragua es el país de las grandes inequidades salariales y urge evidentemente una ley de regulación salarial del sector público, que sin caer en manera alguna en el populismo, establezca una estructura salarial basada en las capacidades, productividad y niveles de responsabilidad. Existen suficientes estudios sobre este tema para permitir una reforma a fondo del sistema retributivo. Lo que hace falta es la voluntad política de los diputados, cuyos salarios no tienen relación, en la mayoría de los casos, con el costo de oportunidad de sus capacidades en el mercado laboral privado.
Además de una regulación jurídica de los salarios de todo el sector público es necesario aplicar el principio básico de la neutralidad fiscal, que se suponía era el eje central de la Ley de Equidad Fiscal. No hay ninguna razón por ejemplo que el Ejército importe bienes de carácter civil sin pagar impuestos, o que la bolsa agropecuaria tenga un tratamiento fiscal especial. Lo mismo en relación a los bancos, turismo, cooperativas de transporte y otros sectores. Además en el mercado oriental aún abundan grandes negocios —disfrazados de pequeñas tiendas— que están en el sistema de cuota fija.
No es necesario crear más impuestos. Bastaría con desmantelar las excesivas exoneraciones y tratamientos especiales, con aprobar una ley de regulación salarial de todo el sector público, con terminar con el sistema de asignación de vehículos y otros gastos burocráticos para poder establecer un sistema retributivo para los maestros, personal de salud y policías, que permita dentro de la pobreza del país y dentro de la necesidad de no aumentar el déficit fiscal, establecer una estructura salarial un poco más digna y equitativa y de acuerdo con los niveles de capacidad, productividad y responsabilidad de los cargos.
El autor es doctor en Economía.
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