Autonomía y delincuencia
Álvaro Taboada Terán
La autonomía es un camino con múltiples niveles, avenidas y manifestaciones en el proceso de descentralización del Estado. Dentro de este proceso cabe la autonomía universitaria, que en América Latina tuvo y tiene el propósito de mantener la libertad organizacional y administrativa de las universidades estatales frente a posibles presiones políticas de los gobiernos centrales. La autonomía también garantiza y garantizaba la libertad de cátedra y de expresión, al menos dentro de los recintos universitarios, incluso cuando fuera de los mismos reinaban regímenes autoritarios de derecha. De esta manera y con éstos y otros fines positivos se obtuvo en Nicaragua (1958) la autonomía de la Universidad Nacional, cuya sede estaba en León. Lamentablemente la autonomía fue anulada durante los casi once años del gobierno sandinista, marcados por una incesante persecución contra cualquier profesor u otras personas que fueran “desviacionistas ideológicos”. Sin embargo, tras la derrota sandinista de 1990, en un acto típico de los dobles parámetros legales y morales de la izquierda radical, la autonomía fue restablecida para manipularla y hacer de las universidades elementos de presión política contra los gobiernos democráticos.
Aún a costa de convertir a las universidades en centros de pésima calidad académica y en promotoras del subdesarrollo, muchas entidades de enseñanza superior, (ahora, de nuevo convenientemente autónomas) fueron invadidas en 1990 por “refuerzos” sandinistas que habían sido parte de la burocracia estatal de los años ochenta. Se trata de administradores y académicos leales “al partido”. Una selecta minoría, lentamente renovada está constituida por cuadros partidarios profesionales, agitadores de carrera enquistados en el movimiento estudiantil y a todos los niveles en las entrañas universitarias. Son remanentes de las formas organizacionales de los partidos leninistas como lo fuera y en parte lo es el FSLN.
Cabe señalar (a propósito del inquietante panorama universitario que vive Nicaragua) que tanto en este país como en toda Iberoamérica, existe una confusión generalizada y aceptada como artículo de fe por estudiantes, comunicadores, autoridades y público en general: se piensa erróneamente que la autonomía universitaria incluye el derecho a la extraterritorialidad de los recintos universitarios. Los defensores de los actos delictivos de muchos “estudiantes” casi-vitalicios, proclaman que la Policía Nacional “ha violado la autonomía universitaria” durante estos disturbios de abril del 2005, porque varias bombas lacrimógenas han caído dentro de un recinto universitario (desde el que la Policía estaba recibiendo todo tipo de proyectiles). Pero en verdad lo de la extraterritorialidad es un absurdo (conveniente para algunos) que debe ser desnudado.
La autonomía no hace a las universidades estados dentro del Estado. Las universidades no son embajadas extranjeras, que basaban sus inmunidades en la vieja ficción político-legal de la extraterritorialidad. Las universidades no están por encima de la ley nacional. La autonomía es un concepto administrativo que garantiza a las universidades la utilización de los recursos que les da el Estado, de acuerdo a planes establecidos con toda libertad por las propias universidades. Éstas mismas además se dan sus propios reglamentos administrativos, académicos, etc. Pero más allá de eso sería ilegal cualquier disposición que impidiera a las autoridades nacionales preservar el orden, perseguir a delincuentes, o imponer la ley penal o civil dentro de recintos universitarios. Por lo tanto, la Policía puede ingresar a los recintos si ello fuera imprescindible para preservar el orden, los derechos humanos de la población, su derecho constitucional a movilizarse libremente, su derecho a la vida y a la propiedad. Ojalá que el ingreso policial a los recintos no llegue a ser inevitable. Quizás pueda contribuir a evitar tal situación en que todas las partes involucradas estén claras de sus derechos y deberes. En esencia, están en un error los que creen (incluso de buena fe) que la autonomía universitaria puede proveer asilo e impunidad a los autores de delitos.
Es tiempo todavía de evitar mayores calamidades a la nación. La reflexión debe prevalecer y todos los organismos civiles y civilizados pueden ayudar a salir de este problema creado dentro de una estrategia para desestabilizar al país, aprovechando las dolorosas dislocaciones que está produciendo en Nicaragua el alza del petróleo a nivel mundial. Instituciones tales como la Procuraduría de Derechos Humanos (que el 25 de abril culpaba a la Policía y al Gobierno de todo el jaleo que azotó a Managua recientemente) pueden utilizar sus nexos fraternales y sus compromisos político-ideológicos con los dirigentes sandinistas para inducirlos (desde una postura realmente seria y de visión nacional) a la búsqueda de soluciones basadas en la cooperación y no en la confrontación. Sea como fuere, la opinión pública debe estar clara de cuáles son las facultades y las metas legítimas de la autonomía universitaria. Entre éstas no existe la extraterritorialidad como un escudo ante la ley.
El autor es Ph.D. en Estudios Internacionales, catedrático de Ave María College.
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