Al parecer, la inhibición (prohibición) de candidatos presidenciales por motivos políticos será el eje o uno de los principales temas del debate en la campaña electoral presidencial del próximo año.

El planteamiento es simple: en el sector sandinista y la tienda liberal-PLC, han surgido precandidaturas disidentes (Herty Lewites y Eduardo Montealegre) que según las encuestas y otros indicios obtendrían más votos que Daniel Ortega, en el primer caso, y que cualquiera de los precandidatos pelecistas que se conocen hasta ahora. Dicho con otras palabras, si Lewites participa en las elecciones como candidato presidencial recogería más votos que Daniel Ortega y le impediría a éste alcanzar su meta de volver a ser Presidente de Nicaragua. Mientras que por otra parte, si Eduardo Montealegre logra presentar su candidatura en las elecciones del 5 de noviembre del 2006, sería más votado que cualquier candidato del PLC, incluyendo a Arnoldo Alemán.

Esta posibilidad real de que Herty Lewites o Eduardo Montealegre ganen la elección presidencial, y en última instancia que les corresponda a ellos enfrentarse en una segunda vuelta electoral, choca de frente contra el objetivo de Daniel Ortega de volver a sentarse en el sillón presidencial pero también destrozaría el mismo corazón del pacto entre el FSLN y el PLC, que es el de repartirse el poder y no permitir que nadie más que no sea “consagrado” por el dedazo de los caudillos, sea Presidente de Nicaragua.

Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer el FSLN y el PLC y personalmente sus caudillos Ortega y Alemán, para evitar que Lewites y Montealegre les frustren sus ambiciones y destrocen uno de los propósitos esenciales del pacto, que tantos esfuerzos les ha costado a los pactistas y por el que están pagando un elevadísimo precio político y moral? ¿Se resignarían, el FSLN y el PLC, a reconocer dignamente una victoria de sus retadores, o utilizarían la hegemonía que tienen en el Poder Electoral, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la Contraloría y en la Fiscalía, a fin de impedir que Herty Lewites y Eduardo Montealegre compitan libremente en los comicios presidenciales de noviembre del 2006 y uno de ellos resulte electo Presidente de la República?

Si se considera la falta de escrúpulos que han demostrado los caudillos y sus cúpulas partidistas, así como su desesperado afán por mantenerse en el poder e inclusive de volver a ejercer la Presidencia de la República, es justo temer que podrían usar todo el poder que tienen en el Estado para cerrarle el camino a Lewites y Montealegre. Y en este caso, lo más fácil para los pactistas sería impedir que Lewites y Eduardo Montealegre participen como candidatos en la próxima contienda presidencial, para lo cual bastaría que cualquier juez sandinista y liberal les suspendiera sus derechos civiles y políticos, lo que daría motivo y pretexto al CSE para rechazar la inscripción de sus candidaturas.

Las causas para las inhibiciones están señaladas en la Constitución Política de la República y las recoge la Ley Electoral: Quienes quieran ser candidatos presidenciales deben llenar determinados requisitos, por ejemplo de edad, goce de derechos civiles y políticos, no ser parientes cercanos del actual Presidente, no ejercer algunos cargos superiores del Estado durante el año anterior a la elección, etc.

El político que no llene alguno de esos requisitos no puede ser candidato presidencial, y es correcto que así sea. Lo incorrecto, injusto e inicuo es inventar cargos contra alguien y fulminarlo injustamente con una sentencia judicial de suspensión de derechos civiles y políticos, a fin de inhibirlo e impedirle que presente su candidatura. Y ésa es la amenaza que pende sobre Lewites y Eduardo Montealegre.

Pero las maquinaciones de los caudillos autoritarios y corruptos no son ineluctables ni invencibles, como ya se ha podido demostrar. Las fuerzas democráticas pueden impedir que se cometa esa felonía. Y la comunidad democrática internacional tiene que apoyar a Nicaragua en ese esfuerzo por salvar la incipiente democracia criolla.

Para ser verdaderamente libres, limpias y democráticas las elecciones tienen que ser competitivas. Es decir, no debe haber inhibiciones por causas falsas y razones inventadas. Y en el caso de que hubiera inhibiciones inicuas la población no debe reconocer esas elecciones ni sus resultados, tal como se hizo con las reformas constitucionales espurias.

Las inhibiciones