JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2005 / EDICION No. 23982 / ACTUALIZADA 06:40 pm





EL HUMOR DE



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Magistrados dan largas a caso de los narcodólares

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. Magistrado Francisco Rosales presentó proyecto de sentencia, pero sus colegas aún no terminan de analizar el expediente
. Prometen resolver el viernes

Incómodo por la presencia de los medios de comunicación, el magistrado Rogers Camilo Argüello (Derecha), leía el expediente del caso en la reunión de la Sala Constitucional.

 

Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa.com.ni

Ha transcurrido más de un mes desde que se hizo pública la salida ilegal de 609 mil dólares de las arcas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y los magistrados de la Sala Constitucional aún no dictan una sentencia que pudiese revertir la situación.

El magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala presentó un proyecto de sentencia que se esperaba fuera firmado ayer por la mayoría de los miembros, pero no fue así.

El proyecto no pudo obtener el carácter de sentencia porque, según Rosales, el resto de magistrados está analizando el caso, porque consideran que “existen lagunas en el expediente”.

El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Rosales, responde a un recurso de queja presentado por José Antonio López Poveda, a favor de los procesados Leyla Bucardo y Luis Ángel González Largo, también conocido como Jorge Eliécer González Hernández, quienes alegan estar detenidos ilegalmente porque fueron sometidos a un juicio en Managua, e insisten en que fueron capturados en San Marcos, contrario a lo que dice la Policía Nacional.

La propuesta desfavorece a Bucardo y González Largo porque se declara sin lugar el recurso de queja en exhibición personal alegado. De ser aprobada por la mayoría, el proyecto adquirirá el carácter de sentencia firme, que también anularía una sentencia falsa que hizo circular el magistrado Rogers Camilo Argüello.

“Lo que hubo antes no tiene ningún valor”, afirmó el magistrado Rosales al referirse a la supuesta sentencia de su colega Argüello.

Argüello es señalado de ser uno de los principales funcionarios judiciales que participaron en la fraudulenta salida del dinero, mediante una operación jurídica plagada de vicios, en la que habrían participado además, tres jueces y varios abogados.

Rosales prometió que el viernes próximo se reunirán nuevamente los miembros la Sala, incluido el magistrado Argüello, para declarar sin lugar la queja, que automáticamente revocaría la libertad de Bucardo.

González Largo y Bucardo fueron procesados y condenados a diez años de prisión, por el delito de lavado de dinero. Se sospecha que los 609 mil dólares que la Policía les incautó, provienen de actividades ligadas al narcotráfico y sería utilizado para la compra de armas.



MAGISTRADO DEFIENDE FALSA HISTORIA

El magistrado Rogers Camilo Argüello, quien continúa esquivando a los medios de comunicación, es el único de los magistrados que integran la Sala Constitucional, que discrepa del proyecto de sentencia que declara sin lugar el recurso de queja introducida por Luis Ángel González Largo.

Según el magistrado Francisco Rosales, a lo interno de la Sala Constitucional, Argüello mantiene su posición de que los procesados están detenidos ilegalmente

“La explicación que él da está basada sobre el hecho de que los ciudadanos en cuestión habían sido sustraídos de su juez natural porque habían sido capturados en San Macros”, informó Rosales.

La Policía Nacional envió un informe a la Corte en el cual refiere que la detención realmente ocurrió en Managua, por lo tanto la historia de San Marcos fue inventada.

Conforme al magistrado, la sentencia que podría ser dictada el viernes próximo, no tiene nada que ver con los 609 mil dólares que salieron de una cuenta de la Corte Suprema, porque se trata de dos hechos distintos.



INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General de la República solicitó nuevamente a la Superintendencia de Bancos, que ordene el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta corriente a nombre de la Corte en donde se encontraban los 609 mil dólares sustraídos ilegalmente, según declaraciones de la fiscal adjunto María Lourdes Bolaños.
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