Policía desaloja a campesinos
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Por más de 2,000 manzanas de tierra |
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Familias asentadas en un área de más de 2,000 manzanas de tierras, quedaron en la calle. (LA PRENSA/M. Esquivel)
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Jorge Loáisiga Mayorga
nacionales@laprensa.com.ni
Casi medio centenar de antimotines y una docena de civiles desalojaron ayer en horas de la mañana a humildes campesinos que desde hace 20, 30 y más de 40 años ocupan la finca Los Jícaros, en el municipio San Rafael del Sur, del departamento de Managua.
La finca de 2,091 manzanas de tierras está situada en la comarca El Zapote, exactamente del kilómetro 58 y medio de la carretera a Montelimar, 14 kilómetros al oeste.
Durante el desalojo, los civiles contratados por Luis González, representante del supuesto dueño de la propiedad, José Vicente Loáisiga Toruño, destruyeron al menos media docena de casas de tablas, bloques y techadas con zinc.
Los efectivos policiales que estaban bajo el mando del segundo jefe de Auxilio Judicial del municipio San Rafael del Sur, Álvaro Pérez, acompañaban y protegían a los destructores, mientras éstos reían a carcajadas cuando despedazaban las viviendas.
Los habitantes de dichas casas no opusieron resistencia y se encomendaron a Dios. “Que se haga la voluntad de Dios”, decía con insistencia Ruth Marina Calero Escobar, quien cargaba en sus brazos y amamantaba a su pequeña hija de apenas siete meses de edad, Reina Marina Pichardo y observaba a quienes destruían lo que hasta ayer fue su hogar.
Un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezado por el abogado Gonzalo Carrión, llegó hasta el lugar pero no pudo impedir la destrucción. “Es ilegal lo que están haciendo, es un acto criminal”, les gritaba Carrión, ante la impotencia de detener la destrucción de viviendas.
Dos semanas atrás, la Policía también había acompañado a otro grupo de civiles que destruyó y quemó las casas de otros campesinos del lugar, que se resisten a salir del sitio debido a que dicen tener más de 20 años de habitar allí.
El Juez Suplente Octavo de Distrito Penal de Audiencia, José Galeano Bravo, se encargó de ejecutar el mandamiento judicial que ordenaba el desalojo de una persona llamada Blanca Margarita Castaño Blanco.
La orden de desalojo fue firmada por la Juez Tercero Civil de Distrito de Managua, Vida Benavente.
De acuerdo con la historia registral de la propiedad, ésta perteneció a la familia Somoza, luego al Estado de Nicaragua a través de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), posteriormente a Agroindustrial Montelimar Sociedad Anónima (AMSA), luego pasó al dominio del Consorcio Naviero Nicaragüense Sociedad Anónima, y en virtud de una venta forzada decretada por la juez Vida Benavente Prieto, pasó al dominio de Blanca Margarita Castaño Blanco, que la “compró” en 17.7 millones de córdobas.
Castaño luego se la vendió a José Vicente Loáisiga Toruño, en cinco millones de córdobas.
Loáisiga inició un juicio ejecutivo de inmisión en la posesión contra Castaño Blanco, porque ésta no quería entregar la propiedad, y contrató al ex jefe de la Policía Antidrogas, Pedro Aguilar Mora, quien figura como apoderado general judicial del desalojante. De ese juicio se desprenden los desalojos practicados el pasado 18 de octubre y el de ayer.
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