MARTES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005 / EDICION No. 23987 / ACTUALIZADA 2:30 am





EL HUMOR DE







Protestan contra desalojos en San Rafael del Sur

Foto  
. Ex convicto Norwin Meneses niega estar tras desalojos

La procuraduría General de la República prometió a las familias desalojadas hacer una inspección.

 

Jorge Loáisiga Mayorga
nacionales@laprensa.com.ni

Pobladores desalojados de las comunidades Jícaro A, del municipio de San Rafael del Sur, protestaron ayer frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y se reunieron con el subprocurador Víctor Manuel Talavera, quien les prometió hacer una inspección en el lugar en conjunto con la comisión de Reforma Agraria de la Asamblea Nacional.

Talavera reiteró a los campesinos su compromiso de resolver el caso y dijo que esas tierras son del Estado de Nicaragua, por lo que se espera que la PGR, en calidad de abogado del Estado, introduzca una tercería de dominio en el juicio mediante el cual se ordenó el desalojo de los campesinos de la zona.

De acuerdo con la historia registral de la propiedad, ésta perteneció a la familia Somoza, luego al Estado de Nicaragua a través de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), posteriormente a Agroindustrial Montelimar Sociedad Anónima, luego pasó al dominio del Consorcio Naviero Nicaragüense Sociedad Anónima, y en virtud de una venta forzada decretada por la juez Vida Benavente Prieto, pasó al dominio de Blanca Margarita Castaño Blanco, esposa de Norwin Meneses Cantarero, que la “compró” en 17.7 millones de córdobas. Castaño luego se la vendió a José Vicente Loáisiga Toruño, en cinco millones de córdobas.

Meneses Cantarero dijo ayer a LA PRENSA que ni él ni su esposa tienen algo que ver con el desalojo a los campesinos de Jícaro A. “Sería un demonio predicando la palabra y haciendo eso... yo estoy entregado a la prédica”, agregó el ex convicto.

Los pobladores protestaron frente a la institución gubernamental por el desacato de jueces y policías quienes han continuado con los desalojos pese a que la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, mandó a suspenderlos.

Las acciones para despojar a los campesinos de sus tierras empezaron el pasado 18 de octubre y continuaron el 3 de noviembre por mandato de Vida Benavente, Juez Tercero Civil de Distrito de Managua.
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