PGR y Fiscalía enfrentadas por dinero decomisado
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La Fiscal María Lourdes Bolaños defiende la distribución del dinero.
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Carlos Martínez Morán
nacionales@laprensa.com.ni
El Ministerio Público defendió la distribución que se realizó entre diferentes instituciones del Estado, de 1.2 millones dólares que fueron ocupados por miembros de la Policía Nacional y agentes aduaneros en la frontera sur nicaragüense, en abril del año 2004.
El dinero le fue ocupado a los guatemaltecos Carlos Eduardo Méndez Olivares y Aníbal Betancourt Juárez, quienes después de un proceso judicial fueron encontrados culpables del delito de defraudación aduanera en perjuicio del Estado nicaragüense, en agosto de este año, en el departamento de Rivas.
La fiscal adjunta María Lourdes Bolaños informó que la distribución del dinero se realizó entre las entidades que se encuentran involucradas de forma directa en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“Estamos hablando de la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público”, dijo.
Señaló que cada institución recibió el equivalente al 25 por ciento del total de dinero decomisado.
También aseguró que la distribución y las asignaciones fueron acordadas en reuniones de alto nivel que sostuvieron recientemente los jefes de las instituciones que participaron en el caso.
Sin embargo, el Procurador General de la República, Alberto Novoa, manifestó estar en desacuerdo con el método de repartición d el dinero, porque se excluyó a la PGR.
Según el doctor Novoa, en las asignaciones se debió haber incluido a la PGR porque también presentó acusación en los tribunales de justicia en contra de los guatemaltecos. “En este caso la víctima fue el Estado nicaragüense y la Procuraduría acusó en nombre del Estado”, dijo.
Señaló, además, estar en desacuerdo con esa decisión, porque las leyes indican que la PGR debe recibir un porcentaje de todos aquellos bienes y capitales logrados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
RECLAMA PORCENTAJE
El dinero fue distribuido por el juez que conoció la causa, pero según el doctor Novoa, esa actuación no es legal porque el judicial no tenía facultades para realizarlo de la manera en que fue hecho.
“Porque la ley indica que a la Procuraduría General de la República le corresponde un porcentaje de ese dinero. Y nadie puede actuar por encima de la ley”, dijo.
Según la fiscal María Lourdes Bolaños, la Procuraduría está reclamando un tercio del dinero decomisado.
Confirmó que la PGR efectivamente presentó una acusación en contra de los guatemaltecos, pero que esa acción la realizaron hasta después que el Ministerio Público lo había hecho.
La fiscal adjunta indicó que de acuerdo al convenio de alto nivel, el dinero que la Fiscalía obtenga de la lucha contra el crimen organizado servirá para mejorar las condiciones de sus funcionarios. “Queremos utilizarlo en aquellos lugares de la Costa Atlántica nicaragüense, en Rivas y otros sitios, donde tenemos serias dificultades por falta de presupuesto”, dijo.
Señaló que hay sitios donde los fiscales son amenazados de muerte y que atienden los casos sin protección alguna.
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