La transnacional española de energía, Unión Fenosa Internacional, habría acudido a su gobierno en octubre pasado invocando el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversión (Apri), en busca de amparo en el arbitraje que se tramita en su contra en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, informaron a LA PRENSA fuentes ligadas al sector.
Tratamos de conocer la versión del embajador de España en Nicaragua, pero éste se encuentra de vacaciones en su país.
La encargada de negocios de la embajada de España en Nicaragua, Sofía Ruiz del Árbol, dijo desconocer el asunto. “Esa información no la tengo”, respondió la diplomática.
El vocero de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, no respondió su teléfono. Tampoco respondió las llamadas el gerente de negocios de Unión Fenosa, José Ley Lau.
El canciller nicaragüense Norman Caldera dijo no tener conocimiento del caso “en este momento” y que nadie se había comunicado con él para planteárselo.
El Apri es un tratado internacional en materia de inversión extranjera directa que, sobre las bases de reciprocidad, es diseñado para el fomento y la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo.
Estos instrumentos se reconocen como un elemento generador de confianza para los inversionistas extranjeros, ya que permiten el establecimiento de un clima favorable a la inversión.
Este año el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) notificó a la transnacional Fenosa de un arbitraje para revisar diversos puntos incumplidos en el contrato de concesión de la distribución eléctrica.
Según la notificación llegada a Fenosa, el arbitraje exigido por el INE es para dirimir las diferencias entre la transnacional española y el ente regulador, por descuentos tarifarios por el orden de 5.3 millones de dólares que esa institución aplicó en julio pasado a la distribuidora de electricidad.
La polémica por los descuentos tarifarios en las facturas por consumo energético, establecidos por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el pasado cinco de julio, se desató cuando el presidente de esa entidad, David Castillo, dijo que la distribuidora de electricidad Unión Fenosa tiene que aplicarlos obligatoriamente a partir de septiembre próximo.
La Contraloría General de la República denunció de nulidad el contrato de venta de las generadoras de energía del Estado a Unión Fenosa, bajo el argumento de falta de cumplimiento de parte de la transnacional.
La Red Nacional de Defensa de los Consumidores introdujo una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
El INE presentó su demanda en el Juzgado Primero de Distrito para que se nombrara a un tercer árbitro, y Fenosa introdujo varios incidentes de nulidad que fueron rechazados. El caso sigue pendiente.
