Líderes nicaragüenses y representantes de organizaciones que defienden los derechos humanos recibieron con entusiasmo el interés de diputados nicaragüenses de reformar la Ley de aranceles consulares, con el fin de que miles de nicaragüenses reciban beneficios con la rebaja en los costos de los servicios que Nicaragua brinda en sus consulados en el exterior.
La tarde y noche del lunes, los diputados Agustín Jarquín, Emilia Torres y Miriam Vargas, así como el asesor parlamentario René Rivera, explicaron en San José los alcances del proyecto de ley que pretende rebajar los aranceles consulares, el cual se encuentra desde finales de septiembre en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, cuando fue presentada por una comisión parlamentaria.
La misma sugiere rebajar a 50 dólares el costo de pasaportes ordinarios y a 20 dólares los provisionales, a 10 dólares la revalidación y eliminar el pago de partidas de nacimiento, actas de defunción, matrimonio o divorcio, así como destinar más recursos a los consulados para ayuda social a los inmigrantes, entre otros.
En el encuentro, catalogado como histórico por los participantes, se dieron cita el embajador Leopoldo Ramírez y el cónsul general Eduardo García, así como representantes del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), Caritas de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR), el Fondo Latinoamericano de Desarrollo (Folade) y líderes nicaragüenses.
Entre la discusión propuesta por Gustavo Gatica, funcionario de Caritas, está la de bajar en cinco dólares más el costo de los pasaportes. En tanto, Edgar Zurita, director de Folade, expuso el efecto multiplicador de las remesas que envían los nicaragüenses y el turismo que ellos realizan cuando vacacionan en su terruño, por lo tanto, deduce, que el cobro de los pasaportes debe ser mínimo.
Alberto Cortés, académico de la UCR y Adilia Solia, presidenta de Cenderos, remarcaron en la necesidad de que esta reforma incluya un transitorio de tres a seis meses para que los nicaragüenses obtengan pasaportes a menor costo o gratuitos, en aras que tengan documento de identificación, así como facilitar la inscripción de hijos de nicaragüenses, quienes al momento de viajar a Nicaragua tienen que pagar visa de ingreso a su propio país, sólo por haber nacido en este país.
Más allá de este proyecto de ley, los participantes de este encuentro discutieron problemas de fondo como la política migratoria que debe asumir el nuevo gobierno de Daniel Ortega, destacando la propuesta del diputado Jarquín de que un tercer país compre la deuda de más de 500 millones de dólares que Nicaragua tiene con Costa Rica, para beneficiar con proyectos de viviendas a nicaragüenses que habitan en asentamientos humanos.
