El valor de la transparencia
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Cada vez más compañías adoptan las buenas prácticas de gobernabilidad. La recompensa: algunas valorizaron sus acciones por encima de la media |
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Accionistas con más poder.
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Julio Gama
Miami
Jeffrey K. Skilling deberá ser aún más optimista que los estados financieros que aprobaba para creer que se librará de ir a prisión. Skilling es el ex director presidente de Enron, la compañía que un día fue la séptima mayor empresa pública de Estados Unidos, pero que ahora les dio su nombre a los escándalos contables protagonizados a fines de los noventa al lado de WorldCom, Tyco y otras corporaciones.
Skilling será juzgado este mes de enero y es casi seguro que seguirá los pasos de Bernard Ebbers, ex director presidente de WorldCom, y de Dennis Kozlowski, de Tyco, quienes cometieron crímenes contables y este año fueron sentenciados a 25 y ocho años de cárcel, respectivamente. La codicia de esas empresas para poner en los libros dinero que, en algunos casos, sólo recibirían en diez años provocó perjuicios de miles de millones de dólares a sus accionistas y mermó la confianza del mercado de capitales estadounidense.
Si hay un punto positivo en esos desfalcos es que las buenas prácticas de gobernabilidad corporativa nunca estuvieron tan en alza como ahora. En EE.UU. los escándalos llevaron a una dura reacción legislativa que acabó en el 2002 con la aprobación de la más severa ley del mercado de capitales del mundo, conocida como Sarbanes-Oxley (SOX) por el nombre de los congresistas que la formularon. Ahora, por las nuevas reglas de control interno, las empresas que negocian acciones en EE.UU. están gastando hasta tres veces más en auditores independientes que lo que destinaban antes de la SOX. Muchas están rehaciendo sus balances por miedo a cometer errores.
VALOR TRANSPARENTE
¿Y cuál es el escenario en América Latina? Hace tres años, después de la aprobación de SOX, AméricaEconomía publicó un reportaje de portada en el que anunciaba el arribo a la región de la revolución de la gobernabilidad corporativa y afirmaba que la adopción de las buenas prácticas de administración tendría un precio, pero que sus beneficios pagarían. La buena noticia es que ellos ya aparecen. La no tan buena es que el mundo corporativo latinoamericano todavía tiene mucho que mostrar a sus accionistas, especialmente a los minoritarios.
“Lo que llama la atención en la región es que las iniciativas de gobernabilidad son voluntarias, lo que significa que el mercado está recompensando esas prácticas”, dice Mike Lubrano, jefe de la Unidad de Prácticas Corporativas e Inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), dependiente del Banco Mundial. Un buen ejemplo es el Novo Mercado, donde están listadas las empresas con el mayor nivel de gobernabilidad de la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa): en tres años, su número de empresas pasó de tres a 18.
La razón para ese salto está en la recompensa a la que Lubrano se refiere y que puede ser comprobada con el análisis comparativo de tres índices del Bovespa. Entre junio de 2001 y septiembre pasado, el tradicional Ibovespa se valorizó 108 por ciento; el IRBX50, que reúne a los 50 papeles más líquidos, subió 186 por ciento, y el IGC o Índice de Gobernabilidad Corporativa, donde están las compañías más transparentes, lo hizo 221 por ciento. “El principal argumento para la buena gobernabilidad es que es un buen negocio”, dice Wang Horng, gerente de relaciones con empresas de Bovespa. “Si quieres atraer inversionistas, buscar recursos en el mercado y valorizar tus acciones, es necesario que transmitas confianza”.
Esa valorización está lejos de ser un fenómeno exclusivo de los países emergentes. Un estudio reciente realizado por International Shareholder Services y divulgado por Deloitte analizó el desempeño de compañías estadounidenses a lo largo de diez años y concluyó que aquellas con el más bajo grado de buenas prácticas tuvieron ganancias líquidas del 6.38 por ciento, debajo de la media obtenida por otras empresas de su sector. Mientras, las más transparentes obtuvieron lucros del 21.66 por ciento por encima del promedio sectorial.
MÉXICO LEGALIZA
El influjo del discurso de la gobernabilidad está haciendo que los resultados, aunque aún necesarios de una vasta consolidación, se vean ahora con claridad. Si la Bolsa brasileña ha demostrado que las buenas prácticas pagan, México se ha volcado directamente a demandar por ley que ellas se ejecuten. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo gremial empresario, ha mantenido un grupo de trabajo que revisa el código de mejores prácticas de gobierno lanzado en 1999. Ese código ha aportado el ochenta por ciento de los elementos para el capítulo de gobernabilidad de la nueva ley del mercado de valores impulsada por el Gobierno y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El texto debe colocar a México en un nuevo escenario de transparencia, pues las empresas estarán legalmente obligadas a implementar las buenas prácticas que hoy son voluntarias.
La ley estipula que ahora un comité de auditores independientes sea corresponsable con los directores del balance de resultados de una empresa. Ese comité tendrá la obligación de monitorear tanto el bottom line como el proceso y desempeño del auditor independiente que ejecute la auditoría de los resultados. “La falta de ese comité causaba alguna desconfianza (en los inversionistas internacionales) sobre el mercado”, dice Sam Podolsky, presidente del Instituto Mexicano de Gobernanza Corporativa, órgano que dejará de existir en el 2006 con la aprobación de la nueva ley.
Chile, en tanto, país con la mejor percepción entre los inversionistas internacionales, está al frente de México en materia de legislación, pero vive una situación inversa a la brasileña. “Ni en la bolsa de valores ni en la electrónica (Chile) tomó la misma iniciativa que Bovespa (de sancionar un código nacional de buenas prácticas de adscripción voluntaria)”, dice Lubrano, de IFC.
Para analizar el nivel de las buenas prácticas en la región, tanto en el sector público como en el privado, IFC y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde) realizan anualmente una mesa redonda en la que participan inversionistas, organismos reguladores, bolsas de valores y asociaciones de la iniciativa privada. El reporte del más reciente encuentro, realizado en septiembre en Lima, trae algunos puntos que deben ser reforzados en América Latina, como hacer más serio el derecho a voto de los minoritarios, tratarlos de manera más justa cuando hay cambios de control de las empresas y mejorar la calidad, efectividad y previsibilidad del marco legal y regulatorio.
En el marco de ese evento fue creado este año el Círculo de Compañías, que originó un libro que cuenta ocho casos de éxito de gobernabilidad. Entre ellos está la cementera Argos, pionera en la adopción de las reglas en Colombia, y que por eso vio sus acciones subir 68 por ciento en el 2004. “Además de la valorización de papeles, las empresas que instalan los procesos de buen gobierno aseguran que toman mejores decisiones”, dice Sandra Guerra, coordinadora del Círculo.
LAS RAZONES
Las razones detrás de la preocupación de las empresas por mejorar su comportamiento son enumeradas por Roberta Nioac Prado, doctora en derecho empresarial y coordinadora del Núcleo de Gobernabilidad y Planeamiento Jurídico de la Fundacão Getúlio Vargas, en São Paulo:
1) La ola privatizadora de la última década atrajo inversionistas privados a sectores de la economía que demandan grandes aportes de capital.
2) El crecimiento del poder económico de los inversionistas institucionales, como los fondos de pensión.
3) La globalización de los mercados de capitales, que hace que los colocadores extranjeros exijan mayores garantías de retorno para sus recursos.
4) La acción de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde) y el BM, que pasaron a exigir mejores prácticas de gobernabilidad a las empresas que captan dinero en los mercados de capitales.
MAYORES Y MENORES
Ningún país latinoamericano tiene una ley tan dura como la ley del mercado de capitales estadounidense, conocida como Sarbanes-Oxley (SOX) por el nombre de los congresistas que la formularon y eso no es necesariamente una mala noticia.
Ocurre que el mercado de capitales estadounidense es diferente del latinoamericano. Allá las empresas tienen sus acciones pulverizadas y raramente se puede identificar a un tenedor mayoritario. El problema de ese modelo es que los administradores, como se descubrió con los escándalos, no cuidaban tan bien a la empresa de los otros. Eso permitió que personas como Dennis Kozlowsky, de Tyco, gastasen US$2 millones de la empresa en la fiesta de aniversario de su mujer y que se robase, como sostiene la acusación, unos US$600 millones del corporativo.
En América Latina, donde la mayor parte de las empresas pertenece a accionistas identificables —que tienen el 51 por ciento de las acciones o más—, no se espera que el dueño destruya su propia empresa. Pero sí ha habido problemas, como el ocurrido con la venta de Ambev a Interbrew en el 2004, en la que tres accionistas mayoritarios ignoraron a los menores, que sólo supieron de la transacción por la prensa y alegaron pérdidas de casi US$500 millones.
Un caso semejante ocurrió en México con la transacción Codisco-Unefón, por la cual accionistas mayoritarios de Grupo Salinas —entre ellos, su presidente, Ricardo Salinas Pliego— son investigados por la Securities and Exchange Commission de EE.UU. y la CNBV mexicana por ganar dinero en detrimento de accionistas menores.
Salinas Pliego, de hecho, se ha convertido en el principal opositor público a la nueva ley del mercado de la CNBV. Salinas ha cuestionado que su empresa no pueda tener un delegado en el comité de tres auditores independientes que revisarán sus balances, pues considera que, como accionista mayoritario de su grupo, no puede no poseer voz y voto sobre sus balances.
La ley mexicana está en el centro del debate ahora y sus planteos pueden ser observados como ejemplos para la región. La CNBV no ha contemplado, por ejemplo, incluir la figura del veto del presidente de una compañía a las consideraciones del comité de auditores, una medida que podría permitir que personas como Salinas muestren su propio balance y el comité sus objeciones en simultáneo. Luego, quedaría en manos de los inversionistas decidir a quién le creen.
Fuera de eso, queda bastante por remar en materia de buenas prácticas en la región. Un proyecto de crear un instituto latinoamericano de gobernabilidad corporativa ya fracasó recientemente por falta de financiamiento. Además, muchos se están preguntando por qué si el buen gobierno trae tantos beneficios aún no se ven más empresas adoptando sus prácticas.
“Esa es la pregunta que nos hacemos a todo momento”, dice Mike Lubrano, jefe de la Unidad de Prácticas Corporativas e Inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), dependiente del Banco Mundial. “Y es que las empresas sólo toman esa iniciativa cuando necesitan capital”.
Con más razón, si el dinero es lo que cuenta, las buenas prácticas son todavía más importantes para una región que precisa atraer capital.
(c) 2005, AméricaEconomía. Todos los derechos reservados.
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