El embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, ha negado que sus contactos con los precandidatos presidenciales liberales sean para presionarlos a que se pongan de acuerdo en una sola candidatura de las “fuerzas democráticas”, a fin de asegurar la derrota de Daniel Ortega y el FSLN en los comicios presidenciales de noviembre próximo.

Los políticos que aspiran a la Presidencia de la República y que se han reunido con el representante de Estados Unidos, también han negado esa especie, pero la percepción que han dejado tales contactos —sobre todo el desayuno en la residencia del embajador Trivelli, el martes de la presente semana—, es que en realidad Estados Unidos está cabildeando por unificar la candidatura presidencial antiorteguista.

Para algunos observadores, la presión de Estados Unidos apunta, por un lado, a lograr que la cúpula del PLC se libere de Arnoldo Alemán, y por otra parte, a persuadir a Eduardo Montealegre y José Antonio Alvarado de que deben someterse al PLC y aceptar el candidato que señale este partido, del que se dice es el único que tiene la maquinaria electoral no sólo para conseguir los votos sino, también, para protegerlos en las mesas de escrutinio. Sin embargo, otros comentaristas aseguran que la presión estadounidense es para que el PLC y José Antonio Alvarado acepten la candidatura de Eduardo Montealegre, que a juzgar por las encuestas es la que está mejor posicionada entre los electores.

No obstante que el embajador Trivelli y los precandidatos presidenciales mencionados niegan que haya esas presiones, la percepción pública es de que sí las hay. Y como es bien sabido, la percepción es por lo general un reflejo bastante aproximado de lo que ocurre en la realidad, sobre todo en política, en la que las apariencias tienen tanta importancia como los mismos hechos.

En todo caso, no sería una novedad que Estados Unidos estuviera interviniendo en la política interna de Nicaragua. ¿Acaso no lo ha hecho muchas veces a lo largo de la historia nacional? Inclusive, en los últimos tiempos se ha involucrado hasta en la escogencia de los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional, como ocurrió con el caso de las gestiones que hizo la ex embajadora estadounidense Barbara Moore en enero del año 2004.

Estados Unidos siempre ha sido un factor importante, a veces decisivo, en la escogencia de los gobernantes de Nicaragua. Hasta el ascenso del FSLN al poder, en 1979, se debió en gran parte a los exitosos cabildeos que hizo este partido —más exactamente su facción Tercerista— en Washington, a partir de que el Gobierno de Anastasio Somoza Debayle entró en crisis, en 1977; y durante diez años, los sandinistas sustituyeron la injerencia estadounidense con el evidente mangoneo de Cuba, la Unión Soviética y otros países del bloque comunista.

Ciertamente, un país que depende tanto del extranjero, cuyo Gobierno financia hasta un tercio o más del gasto público con recursos financieros externos, no puede ejercer una plena soberanía en el manejo de su política interior y exterior.

Por otra parte, hay quienes consideran que las gestiones de Estados Unidos para unificar a “las fuerzas democráticas” y enfrentarlas electoralmente a Daniel Ortega y el FSLN, son más bien contraproducentes porque —aseguran— el nicaragüense es nacionalista por naturaleza, rechaza la intromisión extranjera y como reacción al injerencismo estadounidense más gente estaría dispuesta a votar por Daniel Ortega y el Frente Sandinista, aunque sea sólo para fastidiar a los gobernantes estadounidenses.

En realidad, a muchas personas les molesta que los extranjeros digan y hasta decidan qué es lo que se debe hacer en la política nacional. Y en todo caso, Estados Unidos no debería inmiscuirse en un asunto tan doméstico como es la escogencia de un candidato presidencial. La presión que deberían ejercer Estados Unidos, lo mismo que la Unión Europea y en general la comunidad democrática internacional —que sin duda tiene sumo interés en la preservación y el fortalecimiento de la democracia tutelada de Nicaragua—, es para que las elecciones presidenciales y legislativas sean transparentes, verdaderamente libres y honestas, sin exclusiones o inhibiciones.

Y en ese sentido, desde ahora mismo Estados Unidos y la UE deberían estar anunciando que no reconocerían y mucho menos que apoyarían económicamente, a un Gobierno que surgiera de unas elecciones excluyentes y fraudulentas.

La presión que se necesita